En este DDT, Aram Barra aborda el funcionamiento de las intervenciones oportunas. Por intervenciones oportunas entendemos toda intervención limitada en el tiempo y de duración siempre inferior a un tratamiento, generalmente pro-activa (no espera a que el individuo la busque) y a menudo oportunista, dirigida a pacientes con un consumo perjudicial o de riesgo (de cualquier sustancia, independientemente de su legalidad). 

Las intervenciones oportunas tienen por objeto identificar los problemas actuales o potenciales que puede causar el consumo de sustancias, así como motivar a los usuarios que están en riesgo a cambiar su conducta de consumo creando un vínculo entre sus hábitos actuales de consumo y los riesgos y daños asociados. 

La política de drogas en México se encuentra en un punto de indefinición, tanto en el ámbito del debate público, como en el de la reformulación de una nueva estrategia por parte del nuevo Gobierno Federal. Este documento de trabajo (DDT) analiza el Estado actual de la política de drogas en México.  El texto fue elaborado a título personal por Lisa Sánchez Ortega a petición del Open Society Foundations y en preparación para una reunión de organizaciones civiles y académicas convocada el 18 y 19 de Mayo de 2013 en Bogotá, Colombia.

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Open Society Foundtions.
Coletta A. Youngers,

Las severas leyes de drogas están impulsando un aumento en el número de mujeres encarceladas en América Latina.

Entre 2006 y 2011, la población carcelaria femenina en América Latina casi se duplicó, pasando de 40,000 a más de 74,000 prisioneras. La gran mayoría de las mujeres encarceladas están en prisión por delitos relacionados con las drogas. Las estimaciones oscilan entre:

·      75-80 por ciento en Ecuador
·      30–60 por ciento en México
·      64 por ciento en in Costa Rica
·      60 por ciento en Brasil
·      70 por ciento en Argentina
·      Más del 90 por ciento de las prisioneras extranjeras en Argentina están encarceladas por drogas.

A medida que América Latina asume el liderazgo en las reformas sobre leyes de drogas a nivel internacional, muchas leyes nacionales son increíblemente severas. En algunos países de América Latina, las condenas por delitos relacionados con las drogas pueden ser hasta de 30 años de encarcelamiento, en donde frecuentemente  no existe una distinción entre delitos menores y la participación en el crimen organizado.

Hoy es evidente que nuestras estrategias de leyes punitivas son injustas y no han logrado alcanzar los objetivos declarados por los responsables en la formulación de políticas: proteger la salud pública y aumentar la seguridad pública.

Las mujeres principalmente participan en los niveles más bajos de la escala del tráfico de drogas, y cada vez más  involucran con el fin de poner comida sobre la mesa para sus hijos, de acuerdo con ‘Mujeres, Delitos de Drogas y Sistemas Penitenciarios en América Latinas’, un nuevo reporte publicado por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas, escrito por Corina Gioacomello.

La criminalización de estas mujeres casi no afecta en el comercio de las drogas. Cuando son detenidas se reemplazan fácilmente y las estructuras criminales permanecen básicamente intactas.

Pero su encarcelamiento tiene consecuencias trágicas tanto para los hacinados sistemas penitenciarios y para las vidas de aquellas mujeres y las personas que dependen de ellas.

En la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) celebrada en Antigua, Guatemala, en junio de 2013, los ministros de relaciones exteriores del hemisferio emitieron una declaración que pone en relieve que las políticas de drogas deben aplicarse desde una perspectiva de derechos humanos y de género, con un enfoque en la prevención y garantizando la participación de la sociedad civil.

Para el cumplimiento de este mandato, es necesaria una mayor investigación sobre las mujeres encarceladas por los delitos de drogas en todo el hemisferio; deben de aplicarse penas más proporcionadas por delitos drogas, especialmente para los grupos vulnerables y muchos más programas de generación de ingresos y de prevención deben de establecerse para evitar que las mujeres vayan a prisión en primer lugar.

Por último, una especial atención debe ponerse sobre las alternativas de prisión para los delitos de bajo nivel, no violentos y en la reinserción social para aquellxs que han cumplido su tiempo y puedan regresar con sus familias y comunidades con oportunidades de empleo y de una vivienda adecuada.

La criminalización de la pobreza no es una solución para los problemas causados por el uso de drogas y por el tráfico de drogas en América Latina. 

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