Este documento de trabajo, que se basa en un artículo original del Dr. Alex Stevens publicado en 2012, pretende abordar la efectividad del tratamiento obligatorio entre personas que usan drogas.

La efectividad es secundaria a la ética, por lo que este documento es una continuación de un DDT anterior sobre la ética de estos tratamientos que puedes leer aquí. En esta segunda parte se argumenta que la investigación disponible sugiere que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser casi igual de eficiente que el tratamiento voluntario porque, cuando se lleva a cabo éticamente, no es necesariamente perjudicial para la motivación de la persona que va a recibir el tratamiento, pero siempre resultará más efectivo un proceso voluntario donde se involucre el individuo en todos los niveles.

Sin embargo, también hay que recordar que es poco probable que cualquier modelo de tratamiento, voluntario o cuasi-obligatorio, aunque se lleve a cabo éticamente, es poco probable que tenga grandes efectos la prevalencia del consumo de drogas y los índices de criminalidad general.

Descargar el DDT: La efectividad del tratamiento obligatorio para personas que usan drogas

El fin de semana pasado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo su Congreso Nacional en Oaxtepec, Morelos donde buscó aprobar la nueva Declaración de Principios del Partido, la permanencia del Partido en el Pacto por México y los cambios a los estatutos que permiten la reelección de sus dirigentes. Sin embargo, el Congreso también aprobó un interesante resolutivo sobre reforma de política de drogas -¡por unanimidad!- que se ha escapado hasta ahora de la atención de los medios de comunicación.

Este Documento De Trabajo (DDT) se basa y resume un artículo original del Dr. Alex Stevens publicado en 2012, y pretende abordar la ética del tratamiento obligatorio entre personas que usan drogas.

El texto demuestra que es muy poco probable que el tratamiento obligatorio pueda considerarse ético para cualquier categoría de persona que usa drogas, fuera de situaciones de “crisis excepcional’ definidas en la opinión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud.

También argumenta que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser considerado ético (bajo ciertas condiciones) únicamente para los delincuentes dependientes a las drogas que han cometido delitos para los que la sanción penal siempre será más restrictiva de la libertad que las formas de tratamiento que se ofrezcan como una elección restringida y cuasi-obligatoria.

Descarga el DDT: La ética del tratamiento obligatorio para personas que usan drogas

Carta a Ministros responsables de la seguridad pública de las Américas 
IV Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA IV)

Medellín, Colombia, 21 y 22 de noviembre de 2013 De nuestra mayor consideración,

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos firmantes, nos dirigimos a Ustedes en ocasión de esta IV Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) para dar seguimiento al llamado hecho a los gobiernos de la región en ocasión de la XLIII Asamblea General de la OEA del pasado mes de junio, de hacer una revisión de la orientación de las políticas de drogas que vienen llevándose adelante en las Américas.

Esta reunión de Ministros debe continuar y profundizar los compromisos asumidos por los Estados parte en la Declaración de Antigua "Por una Política Integral Frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas". En este sentido, reiteramos la importancia de continuar el diálogo iniciado en Antigua y los esfuerzos conjuntos de los Estados sobre las políticas de drogas, haciendo hincapié en que éstas deben tener a los derechos humanos y la reducción de la violencia como un elemento central.

Entendemos fundamental que las y los ministros encargados de la seguridad en las Américas se involucren en el diálogo tanto en oportunidad de esta MISPA IV, así como en cualquier otro espacio que en su marco se genere. Su participación activa en este necesario diálogo cobra relevancia en el actual escenario regional marcado por las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas, que han centrado el debate sobre drogas en el ámbito de la seguridad. En nuestra región, la estructura y organización de las redes criminales que manejan los mercados ilegales de drogas han penetrado y corrompido las instituciones de gobierno, incluyendo las policías, socavando su capacidad de proveer de seguridad a las comunidades. 

Es por eso que pensamos que se deben comenzar a debatir cambios en la respuesta estatal frente a este asunto tanto en el campo de la seguridad en relación al crimen organizado, como en el fortalecimiento de la oferta de políticas sanitarias de prevención y tratamiento a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias (tanto legales como ilegales), y estableciendo una política criminal tendiente a reducir el fuerte impacto de las políticas de drogas en los sistemas penitenciarios.

Las organizaciones firmantes instamos a los gobiernos a profundizar el diálogo y a establecer una agenda de trabajo que contenga líneas de discusión y acción concretas para reducir los impactos negativos de las políticas de drogas en los derechos humanos, incluyendo, entre otras:

1. Implementación de políticas orientadas a reducir la violencia. Los esfuerzos para la aplicación de la ley se han enfocado tradicionalmente en reducir la escala o el tamaño del mercado de drogas ilícitas, prestando escasa atención a cómo éstas políticas podrían llevar a incrementar —o reducir— la violencia. Las decenas de miles de personas asesinadas en México en años recientes han mostrado claramente tales daños. En última instancia, la meta debería ser minimizar el daño causado por la violencia en las comunidades por fenómenos como el tráfico de sustancias, el control violento de territorios, el tráfico de armas, de personas, y también por las propias políticas de drogas que vienen implementándose. 
2. Revisión de la proporcionalidad en las penas por delitos vinculados con drogas, diferenciando según su gravedad, el uso de violencia, y el nivel de responsabilidad de los autores en las estructuras criminales. Las leyes que prescriben penas para los delitos de drogas deberían reformarse, permitiendo alternativas a la cárcel para delitos no-violentos, en particular los cometidos por personas en situación de vulnerabilidad, como muchas mujeres de la región.
3. Incorporación de una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres. Las políticas criminales centradas exclusivamente en los delitos de comercialización y tráfico y persecución de las y los usuarios ha golpeado a personas en mayor situación de vulnerabilidad por motivos de pobreza, marginalidad, migración u otros. Al mismo tiempo, el impacto ha sido claramente diferencial entre los sexos, con mayor fuerza sobre las mujeres. Las poblaciones más pobres, marginales, las mujeres son quienes dan rostro al fracaso de este abordaje. Sin duda, esto ha contribuido a la sobre población carcelaria, a la violencia intramuros, y a la multiplicación de la cantidad de mujeres privadas de su libertad. A pesar de que ellas constituyen los eslabones menores de las cadenas de tráfico, las “mulas” o micro-traficantes son quienes pueblan las cárceles, muchas veces en compañía de sus hijos e hijas pequeños.
4. Descriminalizar el consumo, la tenencia de estupefacientes y el cultivo para consumo personal. La criminalización de las personas que consumen drogas intensifica su marginación y estigmatización. Las minorías y las personas pobres se ven especialmente afectadas, ya que suelen ser el principal objetivo de las intervenciones de aplicación de la ley. Los gobiernos deberían estudiar la posibilidad de adoptar la descriminalización como respuestas alternativas a la criminalización de las personas que consumen drogas ofreciendo políticas sanitarias para los consumidores problemáticos dentro del ámbito de la salud pública y que no conduzcan a su estigmatización. Ello implica separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad; solo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. 
5. Todas estas medidas, además de adecuarse a principios respetuosos de los derechos humanos, ayudarían a la reducción de los índices de encarcelamiento, al delimitar las conductas delictivas relacionadas con las drogas. El hacinamiento carcelario constituye una de las principales causas de violaciones a los derechos humanos en la región, repercutiendo también fuertemente en las familias de las y los detenidos y sus condiciones de vida. 
6. Revisar la utilización de las fuerzas armadas en operativos antidrogas. La militarización, eje de la guerra contra las drogas, ha demostrado ser inefectiva y contraproducente: los índices de corrupción, inseguridad y violencia han ascendido en los territorios donde las Fuerzas Armadas han actuado, constituyéndose en un actor más que colabora en la escalada del uso de la fuerza y armamentos. Esto no sólo no ha contribuido a resolver el problema de la oferta, sino que ha impactado negativamente en el respeto a los derechos humanos, la militarización de la seguridad pública, la desprofesionalización de las fuerzas y el borramiento de la frontera entre seguridad y defensa.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Ministros de Seguridad de las Américas para continuar el diálogo iniciado en Antigua y dar seguimiento a las actividades acordadas, buscando alternativas a las políticas militarizadas y de “mano dura” que han incrementado los niveles de violencia en la región, sin lograr los resultados buscados. Instamos a los gobiernos también a incluir la participación de la Sociedad Civil en este diálogo, así como reforzar sus compromisos con el fin de situar a los derechos humanos en el centro del debate. 

Descarga la carta a MISPA IV en español
Download the open letter to MISPA IV in English

El 12 de noviembre en el auditorio del Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE) Región Centro se llevó a cabo la ‘Presentación del 3er Estudio Regional sobre Drogas y Derecho: Usuarios de Drogas y Respuestas Estatales de América Latina’ por parte del Colectivo de Estudio de Drogas y Derecho (CEDD) y del Programa de Política de Drogas del CIDE. 

La presentación contó con la participación internacional de diversos colaboradores del CEDD,  funcionarios de organismos estatales referentes al tratamiento de adicciones e investigación contra el narcomenudeo,  y con la presencia de Peter Reuter en la conferencia magistral ‘Making Drug Policy Choices in Latin America: A guide for realists’.

En el primer panel participaron Bia Lambarte (CEDD/CIDE), Rose Marie de Ashá (CEDD/Asamblea Permanente para los Derechos Huamnos-Bolivia), Jorge Paladines (CEDD/Universidad Andina Simón Bolívar–Ecuador), Alejandro Corda(CEDD /INTERCAMBIOS- Argentina), Luciana Boiteux (CEDD/Universidad Federal de Río de Janeiro–Brasil) y Joao Pedro Padua (CEDD/Psicotropicus -Centro Brasileño de Política de Drogas– Brasil).

Durante este primer panel se habló de la ambigüedad del concepto del ‘usuarix’ –asumida en ocasiones como delincuente, no delincuente o enfermo– en sus países y como esta conceptualización anodina tiene serias implicaciones jurídicas. Así mismo las limitaciones de la conceptualización han empujado hacia la construcción de políticas de drogas que no responden a las verdaderas necesidades tanto de la población usuaria como no usuaria.

El segundo panel se constituyó por Gianella Bardazano (CEDD/ DELSUR - Uruguay), Catalina Pérez Correa. (CEDD/CIDE - México), Ricardo Soberrón (CEDD/ Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos - Perú), y Diana Guzmán (CEDD/ Dejusticia - Colombia).

En este segundo panel se abordó la necesidad de distinguir entre el usuario y delincuente, ya que en la gran mayoría de los casos las políticas actuales colapsan al narcomenudeo junto con el consumo en un mismo delito y se tiene por tal la tendencia a la represión. Así mismo, se mencionó la necesidad de re-conceptualizar los umbrales de consumo hacia modelo que se adapten a la realidad de éste, en donde el establecimiento de umbrales de piso pudieran dar una mejor respuesta que los de techo.

El tercer panel se compuso por Gerardo Macías López (Coordinador Estatal de Salud Mental y Adicciones de Aguascalientes), Rafael Camacho Solís (Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Cd. de México) y  Marcela García Torres Vega (Fiscalía Central de la Investigación para la Atención del Delito del Narcomenudeo) y Xiuh Tenorio como moderador.

En este tercer panel se mostraron las tendencias actuales del consumo en México,  donde se expuso que poblaciones cada vez más jóvenes –y desinformadas –se acercan  tanto a drogas legales  como ilegales, pero en donde existen una mayor predominación por las primeras.

Finalmente en la conferencia magistral Making Drug Policy Choices in Latin America: A guide for realists, Peter Reuter presentó las limitaciones e inconsistencias  del último informe de la OEA en  mayo de este año. En sus críticas  señaló el error de hablar del continente americano como un solo hemisferio, sino que éste en realidad está dividido por necesidades y realidades diferentes de los países que lo componen. 

Reuter también  hizo mención de la minimización de asuntos que se mencionan en el reporte como el caso del abuso de drogas –siendo de las principales causas de muerte en el norte –y de la diferenciación de los problemas del norte con los sur –en donde el sur asume mayores costos sociales y económicos que el norte –y puso en cuestión la descriminalización como un elemento que puede ser tomado como genérico, además de que la región de alguna forma se ha visto envuelta en ella, pero existen dificultades en el ‘cómo hacer su implementación’. 

Por Rebeca Calzada

Como sabes, en Espolea promovemos la información sobre drogas, amigable, objetiva, práctica y basada en la evidencia, por esta razón, este año compartimos la monumental tarea de traducir la Encuesta Global de Drogas para que esté disponible en Español, esta es la encuesta enfocada a recabar información sobre el uso de drogas y las personas que las usan más grande del mundo, pero también es el mayor mecanismo de difusión de prácticas, mensajes y recomendaciones de reducción de daños.

Al participar en la encuesta, estás aportando tu experiencia personal en relación a las drogas (por supuesto que la encuesta incluye al alcohol y al tabaco) a un mecanismo de sistematización que nos permitirá tener referencias de todo el mundo en torno a las tendencias y los patrones de consumo en distintos países, los precios, la calidad, la legislación y las distintas experiencias que personas como tú y como yo tienen y han tenido en otros lugares. Además de ayudar a refinar más las estrategias y las recomendaciones de reducción de daños, las personas que respondan recibirán una retroalimentación inmediata respecto a su uso específico con el objetivo de promover la reflexión y lograr reforzar prácticas de consumo más seguras. Todo el proceso es completamente confidencial, anónimo, sin fines de lucro y en gran parte sostenido por trabajo voluntario.

Con la información recogida, además de actualizar las aplicaciones Drugs Meter y Drinks Meter que ya son grandes herramientas en sí mismas, en 2014 publicaremos la Guía de Reducción de Daños de la Persona que Usa Drogas, que tratará de atender los temas más necesarios y generales, pudiendo definir estos a partir de los indicadores de la encuesta, además de que los resultados mismos de la encuesta se distribuirán entre Marzo y Abril a través de los socios de medios en cada país y las alianzas en internet. Por lo pronto, durante las próximas semanas puedes participar en este esfuerzo global y compartir tu experiencia personal contestando la encuesta aquí: http://www.globaldrugsurvey.com/GDS2014/

Y aquí un texto para terminar de convencerte:

Puedes descargar este documento como archivo PDF aquí
De nuevo el link hacia la encuesta: http://www.globaldrugsurvey.com/GDS2014/

113 organizaciones, en apoyo de la política de drogas de la alcaldía de Bogotá

Ante el proceso de destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación que enfrenta el gobierno de Bogotá, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, una red mundial de 108 organizaciones) y otras ONG colombianas muestran su preocupación a través de una carta abierta. En ella subrayan la importancia y clarividencia de los avances en materia de reforma de políticas sobre drogas, enfocadas en reducción de daños y derechos humanos, que ha emprendido la alcaldía de Gustavo Petro en los últimos años .

Entre las iniciativas de política de drogas de la alcaldía que suponen un gran avance para los derechos de los ciudadanos – y para la superación de una visión punitiva en relación con las drogas – se encuentra el programa de los CAMAD (Centros de Atención Médica a Drogodependientes) y el programa piloto de sustitución del bazuco con marihuana.

Estas políticas, que enfocan el tema de las drogas desde una perspectiva de salud, se encuentran en la línea de las recomendaciones promovidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el “Informe sobre el problema de las drogas de la OEA” y el informe sobre “Escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2015” – y que fueron presentadas por Juan Manuel Santos a el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el pasado mes de mayo.

El informe 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina' analiza las condiciones estructurales de la implicación de las mujeres en los delitos de drogas y propone una serie de políticas públicas para garantizar sus derechos. 

Entre 2006 y 2011, la población penitenciaria femenina de América Latina casi de suplicó, pasando de 40,000 a más de 74,000 internas. La mayoría de las mujeres encarceladas lo están por haber sido acusadas de delitos menores relacionados con drogas –75%-80% en Ecuador, entre 30 y 60% en México, 64% en Costa Rica, 60% en Brasil, o 70% en Argentina.

Este preocupante fenómeno preocupante se refleja en el informe de Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC, siglas en inglés) 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina' realizado por Corina Giacomello con la participación de expertos en el tema de drogas y mujeres: Diana Guzmán (DeJusticia, Colombia); Nischa Pieris (Comité Interamericano sobre Mujeres); Carlos Zamudio (CUPIHD, México) y Alejandro Corda (Intercambios A.C. y Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Además de abordar el contexto en el que la mayoría de las mujeres de la región se implican en las redes de tráfico de drogas, el informe propone una serie de políticas en torno a la ampliación de alternativas a la prisión, la reducción de sentencias o la implementación efectiva de las conocidas como 'Reglas de Bangkok'. El informe recomienda también a los gobiernos la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos desagregados que permitan desarrollar una política de drogas adecuada con perspectiva de género basada en la prevención, en la descriminalización y despenalización y en la reintegración social.

Precariedad y vulnerabilidad económica
“La decisión de convertirse en un objeto contendedor de drogas y de exponerse al peligro de ser detenidas, no es una primera opción, sino un recurso desesperado y necesario por la extrema necesidad económica”, explica Giacomello. Además, las mujeres que ejercen de correo de drogas (“mulas”), generalmente se encuentran en los eslabones más bajos, precarios e “intercambiables” del narcotráfico. Su arresto y encarcelación no altera el buen funcionamiento del mercado ilícito. Sin embargo, continúan siendo las principales receptoras de los sistemas punitivos de América Latina.

Proporcionalidad de las penas y acceso a la justicia
Cabe destacar que las penas desproporcionales de las actividades relacionadas con drogas  y políticas de prisión preventiva obligatoria también dificultan el acceso a la justica (y a la defensa) de mujeres en situaciones vulnerables. Así, en Bolivia, las mujeres representan más del 13% de la población penitenciaria total, una de las tasas más altas a nivel mundial y el 80% están en espera de una sentencia.

En algunos países de la región, como Paraguay, Venezuela, Perú o Argentina, se prevé una suspensión a la prisión preventiva o a la pena para mujeres embarazadas o en los primeros meses de lactancia. Sin embargo, cuando se trata de delitos de drogas, los beneficios que otorga la ley se ven restringidos.

En un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos están emprendiendo el camino de una reforma de las políticas de drogas, resulta imprescindible integrar una perspectiva de género que permita superar la actual discriminación y criminalización de los sistemas de justicia penal hacia las mujeres y garantizar su acceso pronto a la justicia y el respeto de los derechos humanos dentro de las prisiones.

Hagan click aquí para leer el informe completo.
Hagan click aquí para escuchar una entrevista a Corina Giacomello.


Contactos:
Corina Giacomello, investigadora.
Email: cgiacomello@gmail.com
Teléfono: (+52) 55 21963978

Inés Giménez
Communications Officer
International Drug Policy Consortium
igimenez@idpc.netaquí para modificar.

El movimiento internacional de las y los usuarios de drogas celebra la introducción en los últimos años de un discurso sobre los derechos humanos en los debates sobre la reforma de la política de drogas, reducción de daños y la salud pública, y la delimitación clara de las relaciones sistémicas entre la prohibición punitiva global y las grotescas violaciones de los derechos de los personas que usan drogas.

Sin embargo, en este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas, la Red Internacional de Personas que Usan Drogas quiere impulsar este discurso un paso más allá y afirmar el derecho positivo de las personas a utilizar las sustancias psicoactivas de su elección sin la interferencia indebida de la policía judicial, y las autoridades médicas.

Este derecho está implicado con mayor claridad por aquellos a la intimidad, la integridad física y el derecho a no ser objeto de discriminación. Durante demasiado tiempo el discurso de derechos humanos ha hecho caso omiso en gran medida a este espinoso tema, y se ha centrado con gran efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos a las personas simplemente sobre la base de que optan por utilizar sustancias psicoactivas cuyo uso se considera inaceptable. Todo eso con posterioridad a la aprobación de las tres convenciones mundiales que conforman la prohibición global.

La gama de este tipo de abusos es amplia, sistémica y grotesca, e incluye derogaciones del derecho al voto, el derecho a la libertad, a la intimidad, a la integridad física y mental, a la libertad de un trato cruel e inhumano, a la libertad de los procedimientos médicos involuntarios, a estar libre de discriminación y al goce del grado máximo de salud.

Las políticas de drogas represivas también ponen en peligro el derecho a la seguridad por negar a las personas el acceso a sustancias de calidad, cantidad y pureza conocida, lo que nos expone al riesgo de sobredosis, intoxicación e infección, y obstaculiza el acceso a medios estériles para la administración de drogas inyectables.

Estas violaciones sistémicas de los derechos son impulsadas por un entorno jurídico global represivo de diversos grados de maldad y que incluyen la tortura, el tratamiento forzado, extorsiones y violencia policial, encarcelamientos masivos y detenciones arbitrarias, la negación del acceso a los servicios médicos (sobre todo para tratamiento de VHC y VIH), y la denegación de acceso a los servicios de reducción de riesgos y daños.

Las políticas represivas sobre drogas ponen en peligro el derecho a la vida familiar, negando a los padres que usan drogas de acceso a sus hijos, y en algunos países esterilizando especialmente a las mujeres usuarias de drogas. Estas violaciones impulsadas por una combinación de moralismo puritano, racismo, sexismo y la bio-política imperativa de los gobiernos para ejercer control y disciplina sobre los cuerpos de sus ciudadanos, ha creado un mundo en el que la gente que utiliza, y en particular que se inyecta, sustancias psicoactivas están masiva y desproporcionadamente afectadas por los virus transmitidos por sangre como el VIH y el VHC.

Estas violaciones no son fallos en el sistema de control de drogas, ni las acciones de unos pocos agentes, sino que son constitutivos y directamente implicados por la prohibición. Las personas que usan drogas actualmente ilegales se han etiquetado como inmorales, criminales y enfermos, a menudo una combinación de las tres cosas al mismo tiempo. Hemos sido moralizados, criminalizados y patologizados.

En este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas decimos basta. En este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas afirmamos el derecho a la integridad corporal y la intimidad; reclamamos el control sobre nuestros cuerpos y mentes, y afirmamos nuestro derecho como adultos que consienten a utilizar cualquier sustancia que elijamos, ya sea por placer, auto-medicación, para mejorar el rendimiento, para alterar la conciencia o para proporcionar algún socorro y/o alivio a nuestras vidas.

Defendemos el derecho de los adultos que usan las sustancias psicoactivas de su elección en sus casas, y sin causar daños o molestias a los demás, a llevar una vida pública sin temor al acoso policial, el abuso y la intimidación. El uso de drogas que alteran la conciencia es una parte integral de la experiencia humana, común a todas las culturas a lo largo de la historia.

Puesto que no es ni malo, ni de locos o enfermos, no debe y no es necesario catalogarlo como un delito. El uso de las drogas actualmente ilegales no es un signo de depravación moral, una falta de carácter, un marcador de tendencias criminales, o una patología, es nada más y nada menos que uno de los aspectos del ser humano, una parte de la diversidad de la experiencia humana.

Doug Husak, uno de los pocos académicos que han estudiado seriamente esta cuestión llega a esta conclusión en su libro sobre los derechos de quienes utilizan sustancias psicoactivas, y afirma que: "los argumentos a favor de la creencia de que los adultos tienen un derecho moral a usar drogas recreativas son más convincentes que los argumentos del otro lado”. Continúa diciendo que “aquellos de nosotros que rechazamos la guerra contra las drogas, una guerra contra las personas que usan drogas, debemos describirnos como defensores de una posición pro-elección en el uso recreativo de las drogas".

Para afirmar y defender este derecho implícito a usar drogas la Red Global de Personas que Usan Drogas pondrá en marcha una "Carta de los Derechos de las Personas que Usan Drogas" incluyendo los derechos básicos a los que, como todos los demás miembros de la familia humana, tienen derecho. Esta carta será precedida por una exposición detallada de los múltiples aspectos de la vida en los que se violan los derechos de las personas que usan drogas, simplemente sobre la base de las sustancias que elegimos usar.

El consumo de drogas = ¡Mi elección!
La Abstinencia = Tu decisión.
Con la Prohibición = ¡No hay opción!