México D.F., 3 de marzo de 2014
Lic. María Cristina Díaz Salazar
Senadora del Partido Revolucionario Institucional
P R E S E N T E
Estimada María Cristina:
Con respecto a la propuesta de iniciativa de reforma a las leyes General de Salud y General de Educación para hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen un estudio antidoping completo y biometría hemática, como requerimiento para el ingreso y reinscripción a preparatorias y universidades a nivel federal, desde Espolea, A.C. le queremos hacer saber lo siguiente:
1. Sobre la efectividad de las pruebas antidoping propuestas. En la búsqueda de políticas de prevención del uso y abuso de drogas entre jóvenes y adolescentes, el factor primordial de selección de estrategias debe ser responder a los problemas y necesidades de determinado grupo o población. Realizar pruebas antidoping a jóvenes como medio de prevención (a través de la disuasión) del uso de drogas y para combatir las adicciones ha sido reconocida una práctica poco exitosa de prevención. [1] Diversos estudios realizados en torno a la efectividad de este tipo de acciones han demostrado que éstas no previenen, ni inhiben, el uso de drogas entre las y los estudiantes.[2]
2. Sobre la universalidad y alcance de la propuesta. Según la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, la población entre 16 y 23 años es de 17 millones de personas. De éstas, sólo 8 millones estudian.[3] Por ello, la propuesta además de ineficiente, es de poco alcance. Su universalización sería, sin embargo, sumamente cara y se desaprovecharían escasos recursos de los sistema de salud y educación en mecanismos que no logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente[4].
3. Ambientes de desconfianza generan menor acceso a la información. Asimismo, estas prácticas alejan a los estudiantes de los planteles escolares y tienen efectos negativos en la confianza entre alumnos y docentes –y consecuentemente en la formación del estudiantes.[5] La aplicación de pruebas antidoping genera ambientes de desconfianza entre los estudiantes y el personal de las escuelas, lo cual suprime canales de comunicación entre los estudiantes.[6] Acciones como la propuesta disminuiría las posibilidad de crear un ambiente positivo y de confianza en escuelas preparatorias y universidades.[7]
4. La diversidad detrás del uso de sustancias psicoactivas. Las pruebas antidoping no distinguen por sí mismas entre la amplia diversidad de razones para utilizar drogas, ni las formas de consumo. Encuestas realizadas en el Distrito Federal indican distintas razones por las cuales las y los jóvenes mexicanos utilizan sustancias psicoactivas, y distinguen usos experimental, ocasional, regular o frecuente.[8] [9] La medida propuesta únicamente determina el uso positivo o negativo de una sustancia, sin reparar en las razones y/o periodicidad, dos factores fundamentales para poder valorar un posible uso problemático de drogas.
5. El cambios de sustancia de preferencia por parte de las y los jóvenes. El día de hoy, el 1.3% de los jóvenes de 12 y 17, y el 1.9% de los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan cannabis.[10] Si bien existe un policonsumo reportado en este uso[11], la aplicación de pruebas antidoping podría generar un “efecto globo” en la preferencia de sustancias por parte de jóvenes estudiantes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Glasgow han demostrado que la sobre-concentración de medidas persecutorias en drogas perceptibles por pruebas antidoping en un periodo más amplio (como la marihuana), podrían alentar el tránsito a preferencias de consumo por drogas que se eliminan del organismo de manera más rápida (como la heroína).[12]
Finalmente, nos parece importante resaltar que la aplicación de pruebas antidoping obligatorias representa una invasión de privacidad, intimidad y de la vida de las y los jóvenes y adolescentes, y fomenta la discriminación. La propuesta violenta los derechos de niños y adolescentes según lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana[13], en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Convención de los derechos del niño, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[14] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15]. Para responder efectivamente al fenómeno de las drogas, cualquier política pública que impulsemos debe partir de evidencia científica, un enfoque de salud y un marco de derechos humanos. Esperamos que lo aquí expuesto contribuya a desistir su iniciativa.
Atentamente,
Programa de Política de Drogas y Reducción de Daños
Espolea A.C.
Senadora del Partido Revolucionario Institucional
P R E S E N T E
Estimada María Cristina:
Con respecto a la propuesta de iniciativa de reforma a las leyes General de Salud y General de Educación para hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen un estudio antidoping completo y biometría hemática, como requerimiento para el ingreso y reinscripción a preparatorias y universidades a nivel federal, desde Espolea, A.C. le queremos hacer saber lo siguiente:
1. Sobre la efectividad de las pruebas antidoping propuestas. En la búsqueda de políticas de prevención del uso y abuso de drogas entre jóvenes y adolescentes, el factor primordial de selección de estrategias debe ser responder a los problemas y necesidades de determinado grupo o población. Realizar pruebas antidoping a jóvenes como medio de prevención (a través de la disuasión) del uso de drogas y para combatir las adicciones ha sido reconocida una práctica poco exitosa de prevención. [1] Diversos estudios realizados en torno a la efectividad de este tipo de acciones han demostrado que éstas no previenen, ni inhiben, el uso de drogas entre las y los estudiantes.[2]
2. Sobre la universalidad y alcance de la propuesta. Según la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, la población entre 16 y 23 años es de 17 millones de personas. De éstas, sólo 8 millones estudian.[3] Por ello, la propuesta además de ineficiente, es de poco alcance. Su universalización sería, sin embargo, sumamente cara y se desaprovecharían escasos recursos de los sistema de salud y educación en mecanismos que no logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente[4].
3. Ambientes de desconfianza generan menor acceso a la información. Asimismo, estas prácticas alejan a los estudiantes de los planteles escolares y tienen efectos negativos en la confianza entre alumnos y docentes –y consecuentemente en la formación del estudiantes.[5] La aplicación de pruebas antidoping genera ambientes de desconfianza entre los estudiantes y el personal de las escuelas, lo cual suprime canales de comunicación entre los estudiantes.[6] Acciones como la propuesta disminuiría las posibilidad de crear un ambiente positivo y de confianza en escuelas preparatorias y universidades.[7]
4. La diversidad detrás del uso de sustancias psicoactivas. Las pruebas antidoping no distinguen por sí mismas entre la amplia diversidad de razones para utilizar drogas, ni las formas de consumo. Encuestas realizadas en el Distrito Federal indican distintas razones por las cuales las y los jóvenes mexicanos utilizan sustancias psicoactivas, y distinguen usos experimental, ocasional, regular o frecuente.[8] [9] La medida propuesta únicamente determina el uso positivo o negativo de una sustancia, sin reparar en las razones y/o periodicidad, dos factores fundamentales para poder valorar un posible uso problemático de drogas.
5. El cambios de sustancia de preferencia por parte de las y los jóvenes. El día de hoy, el 1.3% de los jóvenes de 12 y 17, y el 1.9% de los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan cannabis.[10] Si bien existe un policonsumo reportado en este uso[11], la aplicación de pruebas antidoping podría generar un “efecto globo” en la preferencia de sustancias por parte de jóvenes estudiantes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Glasgow han demostrado que la sobre-concentración de medidas persecutorias en drogas perceptibles por pruebas antidoping en un periodo más amplio (como la marihuana), podrían alentar el tránsito a preferencias de consumo por drogas que se eliminan del organismo de manera más rápida (como la heroína).[12]
Finalmente, nos parece importante resaltar que la aplicación de pruebas antidoping obligatorias representa una invasión de privacidad, intimidad y de la vida de las y los jóvenes y adolescentes, y fomenta la discriminación. La propuesta violenta los derechos de niños y adolescentes según lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana[13], en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Convención de los derechos del niño, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[14] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15]. Para responder efectivamente al fenómeno de las drogas, cualquier política pública que impulsemos debe partir de evidencia científica, un enfoque de salud y un marco de derechos humanos. Esperamos que lo aquí expuesto contribuya a desistir su iniciativa.
Atentamente,
Programa de Política de Drogas y Reducción de Daños
Espolea A.C.
| Iniciativa de la Senadora María Cristina Díaz Salazar (PRI) |
[1] Joseph Rowntree Foundation. Review Highlights lack of evidence to support random drug-testing in schools [En línea] Disponible en: http://www.jrf.org.uk/publications/random-drug-testing-schoolchildren. Revisado 25 febrero, 2014.
[2] L. Johnston et al. Drug Testing in Schools: Policies, Practices, and Associations With Student Drug Use. 2003. University of Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor. http://www .rwjf.org/research/researchdetail.jsp ?id=1234&ia=131
[3] Subsecretaría de Educación Superior (2010) Encuesta Nacional de Juventud, 2010.
[4] Barra, A. DDT: La prevención que funciona para las drogas. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-laprevencionquefunciona.pdf. Revisado 3 marzo, 2014.
[5] Barra, A.; Joloy, D. (2011) Visión Joven, Niños: Las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas de México. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/vj-barra-joloy.pdf. Revisado 2 marzo, 2014.
[6] Joseph Rowntree Foundation (2005) Random Drug Testing of Schoolchildren: A shot in the Arm or a Shot in the Foot for Drug Prevention? York ´Publishing Services.
[7] NPR. Drug Tests Don’t Deter Drug Use, But School Enviroment Might [En línea] Disponible en: http://www.npr.org/blogs/health/2014/01/14/262466903/drug-tests-dont-deter-drug-use-but-school-environment-might. Revisado 27 febrero, 2014.
[8] Zamudio, Carlos (2013) Los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPHID, Año 3, Núm. 3, marzo – agosto 2013.
[9]Op. Cit. Joseph Rowntree Foundation
[10] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública;
Secretaría de Salud (2012) Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas ilícitas [En línea] Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf. Revisado 3 marzo, 2014.
[11] Op. Cit. Zamudio, Carlos.
[12] Ibíd.
[13] “[…] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismo, así como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley […]”
[14] Artículo 12.
[15] Artívuo 17.
[2] L. Johnston et al. Drug Testing in Schools: Policies, Practices, and Associations With Student Drug Use. 2003. University of Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor. http://www .rwjf.org/research/researchdetail.jsp ?id=1234&ia=131
[3] Subsecretaría de Educación Superior (2010) Encuesta Nacional de Juventud, 2010.
[4] Barra, A. DDT: La prevención que funciona para las drogas. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-laprevencionquefunciona.pdf. Revisado 3 marzo, 2014.
[5] Barra, A.; Joloy, D. (2011) Visión Joven, Niños: Las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas de México. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/vj-barra-joloy.pdf. Revisado 2 marzo, 2014.
[6] Joseph Rowntree Foundation (2005) Random Drug Testing of Schoolchildren: A shot in the Arm or a Shot in the Foot for Drug Prevention? York ´Publishing Services.
[7] NPR. Drug Tests Don’t Deter Drug Use, But School Enviroment Might [En línea] Disponible en: http://www.npr.org/blogs/health/2014/01/14/262466903/drug-tests-dont-deter-drug-use-but-school-environment-might. Revisado 27 febrero, 2014.
[8] Zamudio, Carlos (2013) Los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPHID, Año 3, Núm. 3, marzo – agosto 2013.
[9]Op. Cit. Joseph Rowntree Foundation
[10] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública;
Secretaría de Salud (2012) Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas ilícitas [En línea] Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf. Revisado 3 marzo, 2014.
[11] Op. Cit. Zamudio, Carlos.
[12] Ibíd.
[13] “[…] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismo, así como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley […]”
[14] Artículo 12.
[15] Artívuo 17.
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