(Nota: El texto completo de la reglamentación secundaria de la Ley 19.172 se puede descargar de la página de presidencia de Uruguay, y el video de la rueda de prensa que se detalla más abajo se puede encontrar en la página de la Junta Nacional de Drogas.)

El viernes 2 de mayo, el Uruguay dio a conocer el reglamento correspondiente a la ley de marihuana, un gran paso para la creación del primer mercado de cannabis totalmente regulado en el mundo. Sin embargo, mientras que el reglamento ayuda a dilucidar muchas de las características específicas de la ley, parte de la información más útil sobre la aplicación se anunció por separado, durante la conferencia de prensa que dieron el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.

Mucho de lo que revelaron, de hecho, no está incluido en las directrices de aplicación de la ley que fueron firmadas por el presidente José Mujica el lunes 5 de mayo. Por ejemplo, ambos funcionarios confirmaron los anuncios previos sobre el hecho que el precio comercial esperado de la droga será de entre 20 y 22 pesos uruguayos (alrededor de 1 dólar estadounidense) por gramo. Según Cánepa, esta cifra incluye un impuesto del gobierno, que se destinará a la financiación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), órgano regulador de la ley. Este dinero también será utilizado para una campaña nacional para educar al público sobre las consecuencias del consumo de marihuana. Las farmacias, los únicos establecimientos autorizados para vender cannabis comercial, no se verán obligadas a abastecerse, pero si deciden hacerlo, se les permitirá mantener el 30 por ciento de las ganancias.

Los funcionarios también señalaron que el gobierno había optado por limitar el número de cultivadores autorizados a cultivar marihuana para fines comerciales. El Observador informa que Calzada dijo que "entre dos y seis" personas morales estarían autorizadas a crecer los cerca de 18 a 22 toneladas de marihuana que se consumen anualmente en Uruguay. En las próximas dos semanas se dará a conocer un proceso de licitación a las empresas interesadas en la producción comercial.

Cánepa anunció a los periodistas presentes que el cultivo de marihuana lícita se cultivará en tierras propiedad del Estado, y que las fuerzas de seguridad (ya sea el ejército o la policía) tomarán parte en velar por el cultivo, como complemento a la seguridad privada pagada por los propios productores con licencia. Como señala El País, sin embargo, hizo hincapié en que el gobierno no tendrá una participación directa en la distribución o la producción de cannabis. El documento también señala que el gobierno está programado para llevar a cabo una evaluación inicial de la prevalencia de uso de la marihuana en agosto, pues considera que el estimado de las encuestas anteriores está sub-reportado.

Como un anuncio de buen augurio para el futuro de la aplicación de la ley, Cánepa también anunció que Calzada servirá como el primer presidente del IRCCA. Teniendo en cuenta el rol activo que ha jugado el secretario de la JND en delinear y defender la ley, así como su considerable conocimiento de la materia. Esta es una elección natural.

Según Cánepa, la primera venta legal de marihuana se realizará a través del sistema de farmacias a finales del 2014, a "finales de noviembre o principios de diciembre." Como señala Radio El Espectador, esto es justo después de las elecciones generales de Uruguay en octubre (donde se espera que el ex presidente Tabaré Vásquez gane bajo la bandera del Frente Amplio).

Mientras que muchos de los importantes detalles anunciados el viernes 2 de mayo no estaban en el propio texto de la reglamentación secundaria, esto no inhibe su relevancia. Además de lo anunciado por Cánepa y Calzada, las normas ofrecen una mirada profunda a las tuercas y tornillos del histórico sistema normativo en construcción. El documento incluye los siguientes datos:

• Como se ha señalado en la ley, habrá tres formas de acceder a la marihuana legal: crecer hasta seis plantas para el consumo doméstico, uniéndose a un club cannábico de entre 15 y 40 miembros, y comprar la droga en las farmacias autorizadas, ya sea con motivos recreativos o terapéuticos. Según la normativa, los usuarios deben elegir uno de estos métodos y adherirse a él, ya que estará prohibido optar por más de uno. Todo lo anterior debe ser autorizado por el IRCCA, que sólo reconocerá a los ciudadanos uruguayos y residentes permanentes mayores de 18 años.
• La ley autorizó compradores con licencia para comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes. Pero en el Título I, Capítulo 2, esto se ha extendido a un límite de 10 gramos por semana.
• El Título I, Capítulo 3 indica como tareas del IRCCA establecer los requisitos de seguridad, etiquetado y envasado para la marihuana que se venda en las farmacias. La distribución, el envasado y el etiquetado serán manejados por las mismas personas morales con licencia para cultivar. El producto será "enviado a las farmacias directamente desde la ubicación de producción", lo que significa que no se puede almacenar en ningún otro lugar.
• El contenido de THC de la marihuana en el mercado adulto será limitado. Mientras que el viernes Cánepa dijo que el IRCCA limitaría este a un 15% de THC, esto no está en la reglamentación secundaria. Sin embargo, el texto si especifica que la marihuana comercial será puesta a prueba por laboratorios designados por el IRCCA.
• El cannabis comercial no puede ser prensado y debe ser colocado en un envase que pueda preservar su calidad durante al menos 6 meses. Sin embargo, la cantidad máxima que se puede mantener en estos contenedores es de 10 gramos.
• El Título I, Capítulos 4-5, esbozan los detalles del cultivo en casa y los clubes cannábicos. Para el cultivo casero, el límite de seis plantas se aplica a familias enteras, independientemente del número de ocupantes del domicilio y/o las familias que vivan dentro de ellos. Se deben tomar medidas para evitar que los menores de edad u otras personas sin permiso accedan a la sustancia.
• Los clubes cannábicos sólo pueden cultivar en un solo lugar, y primero deben registrarse en el Ministerio de Educación y Cultura como una asociación voluntaria. Parte de la misión de los clubes debe incluir la educación de los miembros sobre el uso de marihuana responsable. La producción total tanto para el cultivo en casa como en los clubes cannábicos debe limitarse a 480gr. por persona al año. Los rendimientos de los clubes deben ser registrados y cualquier excedente debe ser reportados y entregado al IRCCA, que decidirá qué hacer con él.
• El IRCCA supervisará la importación de semillas de cannabis, de acuerdo con el Título I, Capítulo 8. Las empresas con licencia para producir comercialmente son las únicas entidades autorizadas para distribuir semillas, mientras que las semillas producidas por cultivadores caseros y los clubes cannábicos no pueden ser vendidas o intercambiadas, y sólo deben ser utilizadas por sí mismos o por sus miembros.
• Estará prohibido fumar cannabis en cualquier lugar en el que esté prohibido fumar tabaco (en el interior, en edificios públicos o restaurantes, etc.), y de acuerdo con el Título I, Capítulo 7, Art. 38, el consumo de cannabis es técnicamente sólo permitido si es cultivado legalmente.
• Conducir bajo los efectos del THC será ilegal, pero no se especifica un límite legal. En su lugar, el Título I, Capítulo 7, Art. 41 define el “estar bajo la influencia” cuando “se detecta la presencia de THC en el cuerpo."
• El consumo de cannabis en el lugar de trabajo no está permitido, y los empleadores tendrán permitido poner a prueba a sus empleados sobre el uso de marihuana. También está prohibido el uso de la sustancia en las escuelas o centros de salud.
• El Título II Capítulo 1 expone los detalles del registro ante el IRCCA, que se dividen en cinco secciones: los cultivadores comerciales, farmacias participantes, compradores, cultivadores caseros y clubes cannábicos. La inclusión de los individuos en el registro se mantendrá en el anonimato y la información sólo podrá ser divulgada con consentimiento expreso. Cabe señalar que durante la conferencia de prensa, Cánepa dijo que los usuarios interesados ​​en la compra de la droga en farmacias podrían hacerlo simplemente mediante el escaneo de sus huellas dactilares, manteniendo de esta manera su identidad anónima incluso de los propios vendedores.
• Aunque la marihuana legal no estará disponible sino hasta finales de este año, las autoridades uruguayas son conscientes de que muchos usuarios no van a esperar tanto tiempo. El Título II, Capítulo 3, Art. 64 establece un período de amnistía de 180 días durante los cuales las personas pueden registrar sus plantas actuales, de acuerdo con las directrices y restricciones del IRCCA. Este plazo comenzará a regir a partir del martes, y después de que expire, el IRCCA sólo aceptará peticiones que soliciten permiso antes de cultivar plantas de marihuana.
• El IRCCA tendrá un componente de la inspección y será responsable de la aplicación de sanciones por las infracciones (Título IV). Las sanciones incluyen multas, cierres forzosos, confiscaciones, y acciones legales, y el Instituto tiene la autoridad para llamar a la policía para garantizar su cumplimiento.

Por Geoffrey Ramsay
Traducido al español por Aram Barra

Descarga la Cartilla de Derechos de lxs Usuarxis:

La inmensa mayoría de las sustancias que hoy son abusadas en el mundo pueden clasificarse como psicoactivos estimulantes o depresores. Sabemos que existe una gran diferencia entre sustancias y que cada una, a pesar de sus efectos, tiene implicaciones asociadas a su uso que deben ser tomadas en cuenta. Este Documento De Trabajo (DDT) busca abordar las recomendaciones generales de reducción de daños para estas dos familias de sustancias.

Para poder entender y trabajar adecuadamente el enfoque de reducción de daños, es necesario conocer las propiedades de la sustancia de la que se trata, intentando ir más allá de la clasificación inicial de estimulante o depresor. De esta forma, se podrá lograr una idea más completa de la realidad que experimenta la persona que usa esa sustancia, la manera específica en que la usa y se pueden proveer herramientas para prácticas más seguras y de menor riesgo.

Reconocer las propiedades generales de las sustancias y los indicadores de problemas que se pueden presentar nos ayuda a responder apropiadamente a emergencias y accidentes. Es vital que esta información se encuentre en manos de las personas que usan drogas y quienes trabajan directamente con ellas. Reconocer cuándo una situación es normal y cuando se convierte, en ocasiones críticas, en la posibilidad de salvar vidas. 

Energy Control ha preparado material de reducción de riesgos y daños especialmente para mujeres que salen de fiesta y son usuarias de drogas. El material, visualmente muy atractivo y amigable, incluye una serie de recomendaciones relacionadas con la píldora anticonceptiva, el sexo, cuestiones normativas, para prevenir el abuso sexual, entre otras. 

Algunos gobiernos ignoran o minimizan los cuestionamientos a la política dominante contra las drogas, otros intentan impulsar una discusión franca, informada e incluyente de nuevos enfoques. 

Por Luis Alfonso De Alba Góngora 
Embajador de México ante Organismos Internacionales

En medio de la polarización que han generado tanto la legalización o despenalización de la mariguana en Estados Unidos y Uruguay, como los pronunciamientos recientes sobre este tipo de medidas por parte de personalidades y políticos de la talla del presidente Barack Obama o el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas celebró en días pasados una reunión de alto nivel para evaluar los avances de la estrategia global contra las drogas.

Lo primero que hay que hacer notar de esta reunión de alto nivel en la que participaron ministros y viceministros de numerosos países, es que a pesar del creciente y generalizado cuestionamiento sobre la efectividad de las políticas seguidas hasta ahora y de la gran insatisfacción con los resultados alcanzados, aún se perciben fuertes divergencias al tratar de abordar el problema de las drogas bajo nuevos enfoques. Mientras algunos gobiernos ignoran o minimizan los cuestionamientos, otros, como el mexicano, intentan impulsar una discusión franca, informada e incluyente.

También llama la atención que prácticamente nadie cuestionó a aquellos países que habiendo adoptado de manera unilateral nuevas políticas, pretenden que ello no impacte la eficacia y fortaleza de una estrategia que para combatir un fenómeno que no respeta fronteras, para ser eficaz, debe de ser global. Pero lo más preocupante es que la mayoría se limitó a repetir el mismo discurso de años anteriores, un discurso acuñado en los setentas, como si el tiempo no hubiera pasado; como si las redes de los cárteles de la droga no se hubieran expandido o los crímenes como asesinato, secuestro, extorsión, tráfico de armas y trata de personas no se hubieran multiplicado por su asociación al narcotráfico; como si no hubieran surgido casi a granel nuevas drogas sintéticas capaces de matar al ser usadas en pocas ocasiones; como si la realidad no nos hubiera sobrepasado.

La Declaración Política que se adoptó lejos está de reflejar la coyuntura en la que nos encontramos y, más allá de un párrafo que México logró insertar con gran dificultad, no habla de dichas realidades, ni de las consecuencias de las políticas de legalización o despenalización adoptadas, especialmente en Estados Unidos y AméricaLatina. En el párrafo aludido, apenas se reconoce la necesidad de que los Estados discutan y reconozcan estas nuevas circunstancias.

No era de esperarse que en un foro como este se censuraran o avalaran las políticas de determinado país o autoridad local, ni las opiniones de líderes importantes; lo que sí se esperaba, era una discusión mucho más abierta, menos maniquea, mejor informada y fundamentada, ya que, al final, nadie cuestiona el carácter transnacional del problema o la desproporción de los recursos humanos y materiales que ha costado la llamada “guerra contra las drogas” frente a los escasos resultados alcanzados. Tampoco se cuestiona la evolución probablemente irreversible del debate internacional sobre las drogas, aunque algunos aún intenten acotarlo. Sin embargo, lo que escuchamos fue un conjunto de posiciones fundadas en la irrealidad, la cerrazón, la ideologización y el miedo.

La actuación de México y otros países, que en tono prudente, pero autocrítico y sin reducir el problema al tema de la mariguana, plantearon la necesidad de buscar un nuevo equilibrio entre los esfuerzos destinados a combatir la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes, favoreciendo claramente la prevención, merece ser destacada. Se trata de promover una nueva visión que integre los esfuerzos orientados a prevenir y reducir los costos para el tejido social, la salud pública, la justicia, el desarrollo de la sociedad y en última instancia, el Estado de derecho y la vigencia de las instituciones democráticas. Destaca también su apertura para analizar las nuevas dinámicas y enfoques que se han venido planteando en los últimos años.

Queda claro que el consumo de mariguana se irá liberalizando o despenalizando, aun cuando la producción y distribución de esta droga siga siendo ilegal en la mayoría de los casos y que el continente americano es ya el laboratorio de experimentación más grande y visible del mundo. De igual forma, sabemos que lo que un gobierno hace a nivel nacional o local, afecta a los demás. De ahí la importancia de acciones coordinadas que permitan mantener un esfuerzo global ante al problema mundial de las drogas.

Las Naciones Unidas tienen ahora el gran desafío de profundizar la discusión e identificar las acciones necesarias para mantener un frente común eficaz, pues de lo contrario su trabajo será cada vez más irrelevante. La próxima cita importante es en septiembre de 2016, ya que por iniciativa de nuestro país, junto con Colombia y Guatemala, en esas fechas se celebrará un periodo especial de sesiones de la Asamblea General de la ONU dedicado al tema de las drogas. En esa ocasión la comunidad internacional podrá hacer los ajustes necesarios a la estrategia global para evitar que sigan perdiéndose tantas vidas y recursos materiales en una lucha en la que frecuentemente se pierde más de lo que se gana.

Tenemos poco más de dos años para preparar esta cita y explorar opciones junto con numerosos actores de la sociedad civil, parlamentarios y con el apoyo de los distintos órganos y organismos del sistema multilateral, entre los que habría que destacar a la Organización Mundial de la Salud y desde luego las organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos, quienes podrán aportar ideas y recomendaciones a partir de su propia experiencia e información factual, a fin de promover una discusión sin dogmatismos sobre las mejores prácticas y alternativas para lograr mejores resultados.

Confío en que sabremos aprovechar la oportunidad.

En su participación oficial en el Segmento de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de 2014, México hizo un pronunciamiento relevante a la reforma de la política de drogas a nivel nacional e internacional. A través de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, México declaró que el Gobierno Federal está convencido que este evento nos guiará para contrarrestar el problema mundial de las drogas y de velar por la riqueza y el bienestar de la sociedad. México se ha comprometido a la aplicación equilibrada de la oferta, reducción de la demanda, la cooperación interna, siguiendo el principio de la responsabilidad compartida. Pero hay que reconocer que estos esfuerzos no son suficientes para resolver un problema global. Las estrategias para reducir la demanda y la oferta, planteadas en la Declaración Política de 2009 no puede tener efectos más perjudiciales que los causados ​​por el uso y la oferta, aseveró la funcionaria. 

Debemos reconocer la necesidad de enriquecer los pilares existentes para prevenir y reducir los efectos negativos. Nuestros costos en el tejido social, la salud pública, el estado de derecho y la validez de las instituciones son nefastos. La acción unilateral no favorece la práctica de la responsabilidad compartida. Recientemente la atención se ha centrado en los países que han modificado sus leyes de marihuana, uno de los elementos principales en el debate internacional. Sin embargo, es importante recordar que sólo la acción coordinada dará lugar a respuestas globales. Debemos buscar acciones conjuntas pensando en la perspectiva a largo plazo que pone el bienestar de las personas en el centro.

México quiere promover un debate crítico y respetuoso hacia el año 2016. Buscamos nuevos enfoques y perspectivas, que deben ser evaluados objetivamente de acuerdo a la realidad de cada estado miembro. El proceso de preparación de la reunión de 2016 se iniciará este año, y se debe incluir actores como la ONUDD, la Comisión de Estupefacientes y otras organizaciones de la ONU. Las buenas prácticas, lecciones y procesos regionales deben ser tomados en cuenta, incluyendo el informe regional de la OEA, así como el programa del PNUD sobre la trata. La academia y OSC también deben ser incluidos en el proceso.

Debemos combinar las convenciones existentes y enriquecer la declaración de 2009, donde es necesario incluir el concepto de reducción de riesgos y daños. Debemos favorecer el tratamiento por encima de la penalización, y fortalecer las políticas para centrarse en la salud y los derechos humanos por consumo de drogas. Nos oponemos a la pena de muerte para delitos de drogas. Quiero hacer hincapié en que el Presidente Peña Nieto cree que es necesario fortalecer la prevención y el tratamiento, la convivencia pública, la paz y la seguridad. Esto no impide la aplicación de ley, pero debe incluir programas sociales. La prevención del delito y la policía dependen de un desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por ello, vamos a adoptar medidas más específicas a nivel nacional, regional y mundial. Finalmente, México aprovechará la oportunidad ofrecida por la ONU para promover el debate en torno a las políticas de drogas. 

En el marco de la #CND2014, Aram Barra presentó a nombre de Transform Drug Policy Foundation una serie de recomendaciones en la Mesa Redonda sobre Reducción de la Oferta de drogas, durante el Segmento de Alto Nivel. A continuación se reproduce una traducción de la presentación.

"Gracias, Sr. Presidente.

La experiencia de los últimos 50 años demuestran claramente que los esfuerzos de reducción de la oferta no han sido eficaces de cara a la alta y creciente demanda de drogas. Las oportunidades de beneficio están disponibles hoy a los grupos del crimen organizado, y toda señal de "éxito" sólo ha sido localizada y temporal.

Las más de las veces, los esfuerzos de reducción de la oferta simplemente han desplazado la producción de drogas o de tránsito geográficamente. Este es el llamado "efecto globo" como lo ha señalado la UNODC en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2008. 

Más allá de este fracaso a largo plazo, los esfuerzos de reducción de la oferta, además, se han asociado con una amplia gama de lo que la UNODC ha calificado como "consecuencias no deseadas" negativas. Estas incluyen severos daños ambientales y de salud asociados con la erradicación de cultivos, y el desplazamiento de las poblaciones ya empobrecidas y vulnerables que participan en la producción de cultivos de drogas. 

Por otra parte, los esfuerzos de reducción de la oferta a menudo han provocado un incremento de la violencia relacionada con el mercado de drogas. Esto se demuestra muy gráficamente y lamentablemente en mi país, México, con los más de 100.000 muertos por la violencia relacionada con las drogas en un esfuerzo de represión iniciado en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón.

Las intervenciones de reducción de la oferta de drogas con frecuencia se han asociado con abusos de derechos humanos cometidos por los propios encargados de hacer cumplir la ley, y con la falta de rendición de cuentas por estos abusos entre los organismos de aplicación de la ley. En este contexto histórico en el que los esfuerzos de reducción de la oferta han sido manifiestamente ineficaces y contraproducentes, hablar del re-equilibrar la oferta y la demanda no tiene ningún sentido.

La reducción de la oferta nunca ha logrado y nunca logrará sus objetivos establecidos a largo plazo. Por lo tanto, en lugar de continuar con una búsqueda inútil y contraproducente de las reducciones de la producción total, proponemos que los objetivos de política de drogas transiten a la reducción de riesgos y daños asociados a las drogas. En otras palabras, se trata de pasar de un enfoque basado en la erradicación del mercado a un enfoque de gestión de los mercados y la reducción de daños. 

En la práctica, esto significa:

1. Despriorizar al más bajo nivel posible la persecución de los delitos de drogas cometidos por los campesinos y las mulas de la droga;
2. Enfocarse estratégicamente en contrarrestar los esfuerzos de las asociaciones del crimen organizado, particularmente las que más violencia y daños sociales ocasionan;
3. Evitar la militarización de la lucha contra el narcotráfico y garantizar la rendición de cuentas y el respeto y protección de los derechos humanos entre quienes violan las leyes de drogas, e 
4. Incluir la evaluación de las "consecuencias no intencionadas" en los reportes oficiales de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y medir los impactos en la violencia, los abusos de derechos humanos y los daños ambientales en las evaluaciones anuales y de la ONY de las políticas de drogas nacionales.

En conclusión, señor presidente, en el largo plazo es esencial que se considere el rol del marco de control de drogas en el fomento de la creación de una gran mercado negro criminal. Pedimos un debate significativo y plural tanto en la Comisión de Estupefacientes como en la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas en torno a las posibilidades de alternativas de mercados regulados que puedan desempoderar a los grupos organizados de la delincuencia mediante la transferencia del control en mercados clave a organismos gubernamentales responsables.

Gracias nuevamente señor Presidente."

*Discurso de Michel Kazatchkine en la Comisión de Estupefacientes 2014.

La presentación que haré a continuación representa la evidencia científica actual sobre la prevención y el tratamiento del VIH y la hepatitis C , en lo que se relaciona con el uso inyectado de drogas. Resumo las ideas en siete puntos:

1. El uso compartido de material de inyección está fuertemente asociado con el riesgo de contraer VIH y hepatitis C. La criminalización del consumo de drogas, las políticas actuales y el encarcelamiento de drogas restrictivas son también factores clave en las epidemias de VIH y hepatitis C entre usuarios de drogas inyectables.

2. Existen pruebas convincentes de que los programas intercambio de jeringas y la terapia de sustitución de opiáceos son mecanismos eficaces para reducir el uso compartido de material de inyección y evitar infecciones por VIH. En combinación con la terapia antirretroviral (ARV), estos programas reducen la transmisión del VIH , disminuyen la mortalidad, reducen la dependencia de las drogas, reducen la delincuencia y la alteración del orden público, y mejoran la calidad de vida.

3. Las intervenciones de reducción de daños son muy rentables. Representan parte del paquete de recomendaciones de servicios para las personas que se inyectando drogas de la la OMS, ONUDD y ONUSIDA para la Comisión de Estupefacientes en 2009 y 2013. Sin embargo, la cobertura de los programas de reducción de daños es actualmente demasiado baja en casi todas las regiones como para prevenir eficazmente la propagación del VIH y la hepatitis C.

4. El encarcelamiento de las personas que usan drogas sólo aumenta su vulnerabilidad al VIH y la hepatitis C. Debemos detener el encarcelamiento de personas que consumen drogas por delitos menores relacionados con las drogas.
Las leyes y las políticas también deben asegurarse de que se respetan los derechos de los presos, para acceder a la reducción de daños y la asistencia sanitaria. Los centros obligatorios de tratamiento para los usuarios de drogas son ineficaces para reducir el consumo de drogas, son inhumanas y deben ser cerradas .

5. Los servicios de reducción de daños para mujeres deben ser adaptados para satisfacer sus necesidades especiales, incluyendo su necesidad de servicios de salud reproductiva. Las mujeres que consumen drogas y también venden sexo están en riesgo particularmente elevado para el VIH.

6. Tenemos que reformar todas las leyes y políticas que obstaculizan el acceso a la reducción de daños. Hay una necesidad urgente de reorientar los enfoques de reducción de daños y la aplicación de la ley para apoyar la prevención y el tratamiento del VIH y de la hepatitis C entre los usuarios de drogas inyectables.

7. La hepatitis C es una causa creciente de enfermedad hepática severa y muerte prematura entre las personas que se inyectan drogas, y representa un problema de salud pública cada vez mayor, así como una carga social y económica relevante. Los servicios de tratamiento de la hepatitis C necesitan ser integrados en los servicios de reducción de daños.

Gracias. 

Este Documento De Trabajo (DDT) se basa y resume un artículo original del Dr. Alex Stevens publicado en 2012, y pretende abordar la efectividad del tratamiento obligatorio entre personas que usan drogas. 

La efectividad es secundaria a la ética, por ello hemos realizado otro DDT para tratar el tema de la ética del tratamiento obligatorio. Es importante mencionar que si bien este documento trata sobre la efectividad del tratamiento obligatorio y cuasi-obligatorio, si un tratamiento no es ético, no puede ser justificado incluso si es efectivo en lograr un cierto resultado. 

En el texto se argumenta que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser considerado ético bajo algunas condiciones específicas para los infractores dependientes de drogas que han cometido delitos para los que la sanción penal habitual sería más restrictiva de la libertad. Se revisa brevemente la literatura disponible para sugerir que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser tan eficaz como el tratamiento al que se llega de forma voluntaria. Esto puede ayudar a las personas a reducir su consumo de drogas, mejorar su salud y reducir la actividad delincuencial. Sin embargo, es poco probable que tenga grandes efectos la prevalencia del consumo de drogas y los índices de criminalidad general.

México D.F., 3 de marzo de 2014

Lic. María Cristina Díaz Salazar
Senadora del Partido Revolucionario Institucional

P R E S E N T E

Estimada María Cristina:

Con respecto a la propuesta de iniciativa de reforma a las leyes General de Salud y General de Educación para hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen un estudio antidoping completo y biometría hemática, como requerimiento para el ingreso y reinscripción a preparatorias y universidades a nivel federal, desde Espolea, A.C. le queremos hacer saber lo siguiente: 

1.     Sobre la efectividad de las pruebas antidoping propuestas. En la búsqueda de políticas de prevención del uso y abuso de drogas entre jóvenes y adolescentes, el factor primordial de selección de estrategias debe ser responder a los problemas y necesidades de determinado grupo o población. Realizar pruebas antidoping a jóvenes como medio de prevención (a través de la disuasión) del uso de drogas y para combatir las adicciones ha sido reconocida una práctica poco exitosa de prevención. [1] Diversos estudios realizados en torno a la efectividad de este tipo de acciones han demostrado que éstas no previenen, ni inhiben, el uso de drogas entre las y los estudiantes.[2]

2.     Sobre la universalidad y alcance de la propuesta. Según la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, la población entre 16 y 23 años es de 17 millones de personas. De éstas, sólo 8 millones estudian.[3] Por ello, la propuesta además de ineficiente, es de poco alcance. Su universalización sería, sin embargo, sumamente cara y se desaprovecharían escasos recursos de los sistema de salud y educación en mecanismos que no logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente[4].

3.     Ambientes de desconfianza generan menor acceso a la información. Asimismo, estas prácticas alejan a los estudiantes de los planteles escolares y tienen efectos negativos en la confianza entre alumnos y docentes –y consecuentemente en la formación del estudiantes.[5] La aplicación de pruebas antidoping genera ambientes de desconfianza entre los estudiantes y el personal de las escuelas, lo cual suprime canales de comunicación entre los estudiantes.[6] Acciones como la propuesta disminuiría las posibilidad de crear un ambiente positivo y de confianza en escuelas preparatorias y universidades.[7] 

4.     La diversidad detrás del uso de sustancias psicoactivas. Las pruebas antidoping no distinguen por sí mismas entre la amplia diversidad de razones para utilizar drogas, ni las formas de consumo. Encuestas realizadas en el Distrito Federal indican distintas razones por las cuales las y los jóvenes mexicanos utilizan sustancias psicoactivas, y distinguen usos experimental, ocasional, regular o frecuente.[8] [9] La medida propuesta únicamente determina el uso positivo o negativo de una sustancia, sin reparar en las razones y/o periodicidad, dos factores fundamentales para poder valorar un posible uso problemático de drogas.

5.     El cambios de sustancia de preferencia por parte de las y los jóvenes. El día de hoy, el 1.3% de los jóvenes de 12 y 17, y el 1.9% de los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan cannabis.[10] Si bien existe un policonsumo reportado en este uso[11], la aplicación de pruebas antidoping podría generar un “efecto globo” en la preferencia de sustancias por parte de jóvenes estudiantes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Glasgow han demostrado que la sobre-concentración de medidas persecutorias en drogas perceptibles por pruebas antidoping en un periodo más amplio (como la marihuana), podrían alentar el tránsito a preferencias de consumo por drogas que se eliminan del organismo de manera más rápida (como la heroína).[12]

Finalmente, nos parece importante resaltar que la aplicación de pruebas antidoping obligatorias representa una invasión de privacidad, intimidad y de la vida de las y los jóvenes y adolescentes, y fomenta la discriminación. La propuesta violenta los derechos de niños y adolescentes según lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana[13], en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Convención de los derechos del niño, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[14] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15]. Para responder efectivamente al fenómeno de las drogas, cualquier política pública que impulsemos debe partir de evidencia científica, un enfoque de salud y un marco de derechos humanos. Esperamos que lo aquí expuesto contribuya a desistir su iniciativa. 

Atentamente, 

Programa de Política de Drogas y Reducción de Daños
Espolea A.C.

**Boletín emitido por la Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2014**

Diputados del PRD, PAN, PVEM, PT, MC y NA presentarán una nueva iniciativa que busca establecer el valor terapéutico de la marihuana en la Ley General de Salud y facultar a las entidades federativas para el control sanitario del cultivo de la cannabis.

En rueda de prensa, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), explicó que la iniciativa, la cual se prevé su presentación ante el Pleno mañana jueves, está firmada por 15 diputados de seis grupos parlamentarios.

Con esta propuesta, los diputados buscan, además, elevar las dosis máximas de portación personal de estupefacientes, al multiplicar por seis las dosis previstas en la legislación vigente.

Belaunzarán Méndez explicó que el objeto de esta iniciativa es la despenalización efectiva del consumo de estupefacientes, al revisar el gramaje de las dosis máximas de portación, ya que actualmente, consideró, se contemplan cantidades que no corresponden a la realidad.

“El segundo punto es que se reconozcan las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana, como sucede ya en muchos países del primer mundo”, señaló.

Asimismo, aseveró que se busca que las entidades federativas puedan tener el control sanitario en el cultivo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, para que pueda existir el autocultivo regulado, y brindar una vía legal a los consumidores para la adquisición de los estupefacientes, lejos de los grupos delictivos.

Belaunzarán Méndez también ha presentado iniciativas para crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la cannabis y para elevar las dosis máximas de posesión de substancias psicotrópicas para consumo personal, las cuales se encuentran pendientes de dictaminación.

El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, subrayó que con esta iniciativa no se busca fomentar el uso de la mariguana, sino abrir el debate en el tema de la regularización y despenalización, para que se discutan sin prejuicios y poder enfrentar una realidad existente.

Aseveró que el prohibicionismo ante el consumo de drogas no ha dado resultados hasta el momento, sino ha generado acciones y hechos contrarios a lo que se quiere evitar; el consumo de estupefacientes.

Alejandro Madrazo Lajous, especialista en el tema, indicó que esta iniciativa acompaña las propuestas similares presentadas en días pasados en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Expresó que con estas propuestras se robustece el debate sobre la regulación del consumo de la marihuana y otros estupefacientes, en la búsqueda de una política de drogas más inteligente en el país.

Mediante la iniciativa también se busca modificar el Código Penal Federal para disminuir las penas de personas dedicadas a las labores del campo que cultiven plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por extrema necesidad económica o escasa instrucción, de hasta seis años a seis meses de prisión.

Por el PRD signa la iniciativa los diputados Purificación Carpinteyro Calderón, Miguel Alonso Raya, Rodrigo González Barrios, Roberto López Suárez, Karen Quiroga Anguiano, Uriel Flores Aguayo, Agustín Barrios Gómez Segués, Mario Carrillo Huerta y el propio Belaunzarán Méndez.

También firman los diputados Merelyn Gómez Pozos (MC), Lilia Aguilar Gil (PT), Luisa María Alcalde Luján (MC), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Fernando Bribiesca Sahagún (NA) y Mariana Dunyaska García Rojas (PAN).

En la conferencia participaron también el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, y los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Vidal Llerenas Morales y Esthela Damián Peralta.

Durante las últimas semanas ha existido un interesante debate sobre la #PoliticaDrogas en México, al que también se ha sumado la arquidiócesis primada de México. En un principio, la arquidiócesis redacto las editoriales Ciudad Pacheca y Narcocultura de izquierda. A ello, el asambleísta Eduardo Santillán contestó con una invitación a debatir el tema. 

A partir de lo anterior, nuestro colega Aram Barra publicó el artículo "Sobre la regulación de la marihuana en México, ¿qué haría Jesús?" en el que analiza los argumentos hasta ahora utilizados por la arquidiócesis de México. Al respecto, te dejamos una lista preparada por el Interfaith Drug Policy Initiative (IDPI), sobre los grupos de fe que promueven la reforma de la política de drogas basada en los principios de la compasión, moral y participación comunitaria. En el texto, IDPI dice que:

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La Junta se estableció en el año 1968 mediante la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de fiscalización de drogas datan de la época de la Sociedad de las Naciones.

Este año, la JIFE tendrá que renovar a 5 de sus 13 miembros. Para ello, el próximo 24 y 25 de abril el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas deberá decidir a los próximos representantes honorarios ante la JIFE para el periodo de los próximos cinco años. Esta selección la hace con base en una lista de nominaciones presentada por los distintos Estados miembro. Para esta selección, se ha definido 18 nominaciones. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud deberá seleccionar a otro miembro de la junta para el mismo periodo de una lista de tres nominaciones. 

Descarga la lista de nominaciones para la JIFE por parte de los Estados miembro. 

Este Documento De Trabajo (DDT) se basa y resume un artículo original del Dr. Alex Stevens publicado en 2012, y pretende abordar la ética del tratamiento obligatorio entre personas que usan drogas. La efectividad es secundaria a la ética. Si un tratamiento no es ético, no puede ser justificado incuso si es efectivo en lograr un cierto resultado. Por lo tanto, este texto se enfoca en la ética antes que en la efectividad del tratamiento obligatorio. 

En este artículo se argumenta que es muy poco probable que el tratamiento obligatorio pueda considerarse ético para cualquier categoría de persona que usa drogas, fuera de situaciones de “crisis excepcional’ definidas en la opinión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud. 

Se argumenta que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser considerado ético (bajo ciertas condiciones) únicamente para los delincuentes dependientes a las drogas que han cometido delitos para los que la sanción penal siempre será más restrictiva de la libertad que las formas de tratamiento que se ofrezcan como una elección restringida y cuasi-obligatoria.

En la semana de derecho en la universidad Iberoamericana (del 17 al 21 de febrero de 2014), el Comisionado Nacional de Seguridad se posicionó en contra de la propuesta para reducir la criminalización de usuarios de marihuana, presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 14 de febrero. 

Manuel Mondragón y Kalb argumentó en contra de la iniciativa presentada en el Distrito Federal manifestando que, “[…] en México no se ha llevado a nadie a la cárcel por consumir Marihuana”. [1] 

La tesis realizada por Arturo Rocha en el Centro de Investigación y Docencia Economica (CIDE), brinda de evidencia empírica para sustentar que, contrario a lo mencionado por Mondragrón y Kalb, en México sí se ha llevado a las personas a prisión por consumir marihuana.

Algunos de los elementos presentados por Rocha no sólo ponen en duda el argumento de Mondragón y Kalb, sino que revelan la adicción del sistema de justicia mexicano por encarcelar a los consumidores de drogas y reflejan la crisis interna de las prisiones mexicanas, que diariamente vulneran por igual los derechos humanos de los prisioneros sin importar el grado del delito que hayan cometido. 

En México, la población penitenciaria de es de 242,754 internos y la tasa de encarcelamiento  por cada 100,00 habitantes es de 207.[2] Los principales delitos por los que se encuentran atestadas las prisiones mexicanas son:

• En primer lugar delitos contra la salud: 60.2% total, 57.6% hombres y 80% mujeres;
• En segundo lugar por delitos relacionados con armas: 24.5% total, 27% hombres y 5.3% mujeres;
• En tercer lugar delitos por robo, fraude, peculado: 14.6% total, 15.2% hombres y 10.5% mujeres;
• En cuarto lugar por delincuencia organizada: 14.6% total, 16% hombres y 4.2% mujeres, 
• Y en quinto lugar lo ocupan los homicidio doloso, homicidio culposo: 12.2% total, 13.5% hombres y 2.1% mujeres. [3]

La evidencia empírica presentada es contundente al demostrar que los crímenes más perseguidos en México son aquellos relacionados con los delitos contra la salud –refiriéndose al transporte, posesión, venta, trafico, suministro y cultivo de drogas. Mientras tanto, el homicidio, el secuestro, la violación sexual y la delincuencia organizada, delitos que lastiman y perjudican de manera importante a nuestra sociedad tienen menos prioridad para el sistema de justicia mexicano.  

De los sentenciados por delitos en contra de la salud (60.2% del total) se subdividen en[4]:

• 40.7% total, 40% hombres y 44.7% mujeres por transporte.
• 38.5% total, 40% hombres y 30.3% mujeres por posesión (traer consigo).
• 15.4% total, 14.8% hombres y 18.4% mujeres por vender al menudeo.
• 8.9% total, 9.3% hombres y 6.6% mujeres por traficar.
• 4.9% total, 4.8% hombres y 5.3% mujeres por vender al mayoreo.
• 3.2% total, 3.8% hombres y 0.0% mujeres por fomento al narcotráfico.
• 3% total, 1.2%  hombres y 13.2)% mujeres por suministro.
• 1.8% por consumo[i] .
• 1.8% por cultivo. 

La encuesta realizada por el CIDE, resalta que, “33.5% de la población penitenciaria total está sentenciada por posesión, venta al menudeo o consumo” además de que “una proporción importante de personas sentenciadas por delitos contra la salud, lo están por posesión [..] por vender al menudeo y […] por consumo. Esto sugiere una política de drogas enfocada en capturar a traficantes menores y/o a consumidores de sustancias ilícitas”. [5]

Dentro de la sustancias por las que fueron sentenciados se encuentran en primer lugar la marihuana con 58.7%; segundo lugar la cocaína con 27.3%; tercer lugar metanfetaminas con 11.1%; cuarto lugar la heroína con 8.2%;  cuarto lugar la piedra y crack con 3.4%; y quinto lugar las pastas o medicamentos controlados con 2%. [6]

De los delitos contra la salud relacionados particularmente con la marihuana, el total fue de 58.7%, en el caso de los hombres representaron el 61.7% de los casos y el 42.1% en las mujeres.[7]

El sistema penitenciario mexicano actual vive una crisis, derivada de elementos como la corrupción[8], el hacinamiento y sobrepoblación[9], los cuales ponen en cuestión el propósito esencial de las prisiones (lograr la reinserción del sentenciado para que no vuelva a delinquir)[10] y por el contrario se vuelve un espacio que favorece el contagio criminógeno, además de que viola derechos como el trato digno, la salud y atención médica, el no aislamiento, la no comunicación, la protección de la no integridad y el no hacinamiento. [11] Dicha crisis se refleja en las deplorables condiciones de las prisiones –señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– las cuales no cuentan con alimentos higiénicos, las familias de los presos deben llevar comida, artículos de limpieza, medicinas, además de “atender las cuotas […] para las llamadas telefónicas, las visitas, la correspondencia y la seguridad, entre otras más” y pagar por “un espacio para dormir o incluso una protección para el derecho a vivir ‘. [12]

La evidencia muestra que actualmente sí existen personas sentenciadas por el consumo de marihuana, a pesar de que la Ley General de Salud no prohíba el consumo –sólo hace una despenalización minúscula, permaneciendo ilegal. En la realidad, las personas detenidas con marihuana van a prisión y si consumían menos de cinco gramos, tendrían que pagar un multa después de ser detenidx, tratadx como infractorx y liberadx por el Ministerio Público.[13]

Tratar a los consumidores de drogas como delincuentes refleja la incongruencia del sistema que invierte cada vez más en esfuerzos y recursos para perseguir al usuarix de drogas. Con ello, la sociedad le arrebata su libertad y le inserta en prisiones que  refuerzan,  potencializan e incluso estimulan el desarrollo conductas delictiva. Además, paradójicamente, estos son espacios que exponen a los sentenciados a una mayor probabilidad de consumo de drogas que la población en general[14], y contrariamente, no buscan tratar el fenómeno de las drogas como uno de salud e invertir en beneficio de la toda la sociedad a través de la educación, la prevención, programas de reducción de riesgos daños, empleo e integración familiar entre otros. 

El debate actual en torno a la política de drogas demanda argumentos e información basada en evidencia científica, libre de dogmas y morales para lograr desarrollar políticas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad, lo cual incluye tanto a lxs usuarixs como a lxs no usuarixs de drogas. La objetividad en los argumentos es esencial para lograr un debate serio, especialmente cuando se trata de instituciones estatales que velan por la libertad, el orden, la paz pública y la integridad de las personas, tales como la Comisión Nacional de Seguridad. 



[1] Castilla, G.; y Muñoz, A. Legalizar la mariguana emporará la situación: Mondragón y Kalb [En línea] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/20/politica/017n3pol. Revisado el 20 febrero, 2014. 

[2] Rocha, Arturo (2013) Despotismo en Libertad: Un estudio comparado de drogas y prisiones federal en México y Estados Unidos. Tesis para obtener el título de licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

[3] CIDE (2012) Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social.  

[4] Op. Cit CIDE. 

[5] Ídem. 

[6] Op.Cit. CIDE

[7] Op. Cit. CIDE

[8] Paradójicamente, muchas de las prisiones actualmente se encuentran controladas por líderes .

[9] Ejemplo de ello son los 50,000 presos que no cuentan con un lugar asignado dentro de las celdas. Op. Cit. Rocha, Arturo. 

[10] Artículo 18, Constitución Política de los Estados Unidos. 

[11] Op. Cit Rocha, Arturo. 

[12] Ídem. 

[13] Ídem. 

[14] Op. Cit. CIDE. 

[i] En estas subcategorías, la encuesta del CIDE  no presentó el porcentaje correspondiente entre hombre y mujeres.