En el marco del 54 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), realizado del 11 al 13 de diciembre de 2013 en Bogotá, Colombia, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza señaló que el debate hemisférico debe enfocarse en 4 temas principales: seguridad; alternativas a la encarcelación; un asunto de salud pública; y cooperación judicial. 

El Secretario General enfatizó la necesidad de promover nuevos sistemas de seguridad en la región y aclaró que el adicto es un enfermo crónico, el cual debe recibir tratamiento médico adecuado. Instó a las autoridades a aplicar un enfoque de salud pública en la formulación de políticas de drogas y motivó a los Estados Miembros a trabajar en el fortalecimiento de la cooperación judicial en las áreas de lavado de activos y la administración de los bienes decomisados. El Secretario General Insulza resaltó además la trascendencia del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas, el cual ha sido presentado a varios Jefes de Estado así como en distintos foros mundiales.

 Descarga el comunicado de prensa de la OEA al respecto del evento. 

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

Uruguay hace historia creando un mercado regulado de cannabis nacional

Montevideo, Uruguay, 11 de diciembre de 2013 – 114 organizaciones de alrededor del mundo dan la bienvenida a la aprobación de la ley que regula el cannabis en el senado uruguayo. Este voto hace de Uruguay la primera jurisdicción nacional en el mundo a regular la producción, distribución, venta y uso de cannabis.

“El camino emprendido por Uruguay sienta las bases de un nuevo paradigma para las políticas públicas sobre drogas. Las organizaciones que hemos promovido estos cambios, no podemos ser ajenos a los esfuerzos realizados por el Estado uruguayo. Apoyaremos a Uruguay y a cada estado y jurisdicción en el desarrollo de políticas más sensatas y sensibles para enfrentar los problemas de salud y de seguridad pública de sus ciudadanos, en un marco de respeto a los tratados internacionales de derechos humanos”, señala la carta abierta.

La legislación ahora permite que la cannabis sea accesible, bajo regulación estatal estrecha, de cuatro formas posibles: disponibilidad para fines médicos, cultivo doméstico de hasta seis plantas, venta autorizada en farmacias y clubs con membresía donde hasta 45 miembros pueden producir colectivamente 99 plantas.

Este modelo de regulación de la cannabis es un paso lógico en un país que retiró las sanciones penales para uso de cannabis hace unos 40 años. Este enfoque de políticas de drogas alternativo desea mejorar la seguridad pública, reducir el crimen y abordar las necesidades de salud de los ciudadanos uruguayos.

El gobierno también cree que la legislación tendrá efectos beneficiosos en la inclusión social, así como económicos. Por ejemplo, entre 2006 y 2009, el 79 por ciento de las operaciones policiales vinculadas al cannabis implicaron cantidades menores a 50 gramos, implicando un enorme despilfarro de recursos públicos en pequeñas infracciones. Este proyecto de ley permitirá a la policía enforcar su atención en delitos violentos y evitar el costo de procesar y detener delitos menores y no violentos.

Otros países en América Latina, incluyendo México, Ecuador, Brasil y Argentina, ya han descriminalizando el uso de cannabis, hasta ciertas cantidades. Otros, como Guatemala, México, Costa Rica, Colombia y Chile, están considerando enfoques alternativos a la tradicional guerra a las drogas, en la antesala del examen de alto nivel sobre estrategias de control de drogas en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en 2016.

Contactos de prensa:
Clara Musto, Prolegal/Proderechos (Uruguay), c.musto@proderechos.org.uy, +44 (0) 774 229 3042
Martin Collazo, Prolegal/Proderechos (Uruguay), martinco87@gmail.com, +598 (0) 99 279 805


Link a la carta abierta: http://idpc.net/es/alerts/2013/12/carta-abierta-por-114-ong-el-camino-iniciado-por-uruguay-sienta-las-bases-de-un-nuevo-paradigma-para-las-poli-ticas-sobre-drogas

Video sobre la regulación de la marihuana: http://idpc.net/es/alerts/2013/12/por-que-apoyar-la-regulacion-de-la-marihuana-en-uruguay

El fin de semana pasado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo su Congreso Nacional en Oaxtepec, Morelos donde buscó aprobar la nueva Declaración de Principios del Partido, la permanencia del Partido en el Pacto por México y los cambios a los estatutos que permiten la reelección de sus dirigentes. Sin embargo, el Congreso también aprobó un interesante resolutivo sobre reforma de política de drogas -¡por unanimidad!- que se ha escapado hasta ahora de la atención de los medios de comunicación.

Este Documento De Trabajo (DDT) se basa y resume un artículo original del Dr. Alex Stevens publicado en 2012, y pretende abordar la ética del tratamiento obligatorio entre personas que usan drogas.

El texto demuestra que es muy poco probable que el tratamiento obligatorio pueda considerarse ético para cualquier categoría de persona que usa drogas, fuera de situaciones de “crisis excepcional’ definidas en la opinión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud.

También argumenta que el tratamiento cuasi-obligatorio puede ser considerado ético (bajo ciertas condiciones) únicamente para los delincuentes dependientes a las drogas que han cometido delitos para los que la sanción penal siempre será más restrictiva de la libertad que las formas de tratamiento que se ofrezcan como una elección restringida y cuasi-obligatoria.

Descarga el DDT: La ética del tratamiento obligatorio para personas que usan drogas

El informe 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina' analiza las condiciones estructurales de la implicación de las mujeres en los delitos de drogas y propone una serie de políticas públicas para garantizar sus derechos. 

Entre 2006 y 2011, la población penitenciaria femenina de América Latina casi de suplicó, pasando de 40,000 a más de 74,000 internas. La mayoría de las mujeres encarceladas lo están por haber sido acusadas de delitos menores relacionados con drogas –75%-80% en Ecuador, entre 30 y 60% en México, 64% en Costa Rica, 60% en Brasil, o 70% en Argentina.

Este preocupante fenómeno preocupante se refleja en el informe de Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC, siglas en inglés) 'Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina' realizado por Corina Giacomello con la participación de expertos en el tema de drogas y mujeres: Diana Guzmán (DeJusticia, Colombia); Nischa Pieris (Comité Interamericano sobre Mujeres); Carlos Zamudio (CUPIHD, México) y Alejandro Corda (Intercambios A.C. y Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Además de abordar el contexto en el que la mayoría de las mujeres de la región se implican en las redes de tráfico de drogas, el informe propone una serie de políticas en torno a la ampliación de alternativas a la prisión, la reducción de sentencias o la implementación efectiva de las conocidas como 'Reglas de Bangkok'. El informe recomienda también a los gobiernos la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos desagregados que permitan desarrollar una política de drogas adecuada con perspectiva de género basada en la prevención, en la descriminalización y despenalización y en la reintegración social.

Precariedad y vulnerabilidad económica
“La decisión de convertirse en un objeto contendedor de drogas y de exponerse al peligro de ser detenidas, no es una primera opción, sino un recurso desesperado y necesario por la extrema necesidad económica”, explica Giacomello. Además, las mujeres que ejercen de correo de drogas (“mulas”), generalmente se encuentran en los eslabones más bajos, precarios e “intercambiables” del narcotráfico. Su arresto y encarcelación no altera el buen funcionamiento del mercado ilícito. Sin embargo, continúan siendo las principales receptoras de los sistemas punitivos de América Latina.

Proporcionalidad de las penas y acceso a la justicia
Cabe destacar que las penas desproporcionales de las actividades relacionadas con drogas  y políticas de prisión preventiva obligatoria también dificultan el acceso a la justica (y a la defensa) de mujeres en situaciones vulnerables. Así, en Bolivia, las mujeres representan más del 13% de la población penitenciaria total, una de las tasas más altas a nivel mundial y el 80% están en espera de una sentencia.

En algunos países de la región, como Paraguay, Venezuela, Perú o Argentina, se prevé una suspensión a la prisión preventiva o a la pena para mujeres embarazadas o en los primeros meses de lactancia. Sin embargo, cuando se trata de delitos de drogas, los beneficios que otorga la ley se ven restringidos.

En un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos están emprendiendo el camino de una reforma de las políticas de drogas, resulta imprescindible integrar una perspectiva de género que permita superar la actual discriminación y criminalización de los sistemas de justicia penal hacia las mujeres y garantizar su acceso pronto a la justicia y el respeto de los derechos humanos dentro de las prisiones.

Hagan click aquí para leer el informe completo.
Hagan click aquí para escuchar una entrevista a Corina Giacomello.


Contactos:
Corina Giacomello, investigadora.
Email: cgiacomello@gmail.com
Teléfono: (+52) 55 21963978

Inés Giménez
Communications Officer
International Drug Policy Consortium
igimenez@idpc.netaquí para modificar.

El movimiento internacional de las y los usuarios de drogas celebra la introducción en los últimos años de un discurso sobre los derechos humanos en los debates sobre la reforma de la política de drogas, reducción de daños y la salud pública, y la delimitación clara de las relaciones sistémicas entre la prohibición punitiva global y las grotescas violaciones de los derechos de los personas que usan drogas.

Sin embargo, en este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas, la Red Internacional de Personas que Usan Drogas quiere impulsar este discurso un paso más allá y afirmar el derecho positivo de las personas a utilizar las sustancias psicoactivas de su elección sin la interferencia indebida de la policía judicial, y las autoridades médicas.

Este derecho está implicado con mayor claridad por aquellos a la intimidad, la integridad física y el derecho a no ser objeto de discriminación. Durante demasiado tiempo el discurso de derechos humanos ha hecho caso omiso en gran medida a este espinoso tema, y se ha centrado con gran efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos a las personas simplemente sobre la base de que optan por utilizar sustancias psicoactivas cuyo uso se considera inaceptable. Todo eso con posterioridad a la aprobación de las tres convenciones mundiales que conforman la prohibición global.

La gama de este tipo de abusos es amplia, sistémica y grotesca, e incluye derogaciones del derecho al voto, el derecho a la libertad, a la intimidad, a la integridad física y mental, a la libertad de un trato cruel e inhumano, a la libertad de los procedimientos médicos involuntarios, a estar libre de discriminación y al goce del grado máximo de salud.

Las políticas de drogas represivas también ponen en peligro el derecho a la seguridad por negar a las personas el acceso a sustancias de calidad, cantidad y pureza conocida, lo que nos expone al riesgo de sobredosis, intoxicación e infección, y obstaculiza el acceso a medios estériles para la administración de drogas inyectables.

Estas violaciones sistémicas de los derechos son impulsadas por un entorno jurídico global represivo de diversos grados de maldad y que incluyen la tortura, el tratamiento forzado, extorsiones y violencia policial, encarcelamientos masivos y detenciones arbitrarias, la negación del acceso a los servicios médicos (sobre todo para tratamiento de VHC y VIH), y la denegación de acceso a los servicios de reducción de riesgos y daños.

Las políticas represivas sobre drogas ponen en peligro el derecho a la vida familiar, negando a los padres que usan drogas de acceso a sus hijos, y en algunos países esterilizando especialmente a las mujeres usuarias de drogas. Estas violaciones impulsadas por una combinación de moralismo puritano, racismo, sexismo y la bio-política imperativa de los gobiernos para ejercer control y disciplina sobre los cuerpos de sus ciudadanos, ha creado un mundo en el que la gente que utiliza, y en particular que se inyecta, sustancias psicoactivas están masiva y desproporcionadamente afectadas por los virus transmitidos por sangre como el VIH y el VHC.

Estas violaciones no son fallos en el sistema de control de drogas, ni las acciones de unos pocos agentes, sino que son constitutivos y directamente implicados por la prohibición. Las personas que usan drogas actualmente ilegales se han etiquetado como inmorales, criminales y enfermos, a menudo una combinación de las tres cosas al mismo tiempo. Hemos sido moralizados, criminalizados y patologizados.

En este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas decimos basta. En este Día Internacional de las y los Usuarios de Drogas afirmamos el derecho a la integridad corporal y la intimidad; reclamamos el control sobre nuestros cuerpos y mentes, y afirmamos nuestro derecho como adultos que consienten a utilizar cualquier sustancia que elijamos, ya sea por placer, auto-medicación, para mejorar el rendimiento, para alterar la conciencia o para proporcionar algún socorro y/o alivio a nuestras vidas.

Defendemos el derecho de los adultos que usan las sustancias psicoactivas de su elección en sus casas, y sin causar daños o molestias a los demás, a llevar una vida pública sin temor al acoso policial, el abuso y la intimidación. El uso de drogas que alteran la conciencia es una parte integral de la experiencia humana, común a todas las culturas a lo largo de la historia.

Puesto que no es ni malo, ni de locos o enfermos, no debe y no es necesario catalogarlo como un delito. El uso de las drogas actualmente ilegales no es un signo de depravación moral, una falta de carácter, un marcador de tendencias criminales, o una patología, es nada más y nada menos que uno de los aspectos del ser humano, una parte de la diversidad de la experiencia humana.

Doug Husak, uno de los pocos académicos que han estudiado seriamente esta cuestión llega a esta conclusión en su libro sobre los derechos de quienes utilizan sustancias psicoactivas, y afirma que: "los argumentos a favor de la creencia de que los adultos tienen un derecho moral a usar drogas recreativas son más convincentes que los argumentos del otro lado”. Continúa diciendo que “aquellos de nosotros que rechazamos la guerra contra las drogas, una guerra contra las personas que usan drogas, debemos describirnos como defensores de una posición pro-elección en el uso recreativo de las drogas".

Para afirmar y defender este derecho implícito a usar drogas la Red Global de Personas que Usan Drogas pondrá en marcha una "Carta de los Derechos de las Personas que Usan Drogas" incluyendo los derechos básicos a los que, como todos los demás miembros de la familia humana, tienen derecho. Esta carta será precedida por una exposición detallada de los múltiples aspectos de la vida en los que se violan los derechos de las personas que usan drogas, simplemente sobre la base de las sustancias que elegimos usar.

El consumo de drogas = ¡Mi elección!
La Abstinencia = Tu decisión.
Con la Prohibición = ¡No hay opción!

El día de hoy, 15 de octubre de 2013, el Diputado federal por el PRD Fernando Belaunzarán presentó una iniciativa de ley que propone elevar por 10 las dosis máximas planteadas por la tabla de cantidades estipuladas en la llamada Ley de Narcomenudeo (2009), para todas las drogas.


En la exposici{on de motivos publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Dip. Belaunzarán establece que: "[...] las cantidades permitidas para su posesión y consumo de acuerdo a la tabla de dosis máximas previstas en la Ley General de Salud son tan reducidas que queda abierta la posibilidad de que la autoridad local persiga a los consumidores en lugar de enfocarse en perseguir a quienes integran las redes que forman parte del narcomenudeo."

Por ello, el diputado propone elevar las dosis en un rango que represente una cantidad equivalente a la requerida para el consumo de diez días, "tal como lo prevé el marco jurídico de Portugal, en dónde la política de drogas ha sido exitosa". El texto establece que con esta propuesta se pretende evitar que los consumidores sean sujetos a proceso penal mientras que quienes forman parte de las redes de la delincuencia organizada gozan de impunidad y en muchas ocasiones incluso de la protección de autoridades de distintos niveles y rangos.

Descarga la iniciativa de ley propuesta por el Diputado Fernando Belaunzarán

En esta edición de Guías Para el Debate (GPD),  Aram Barra y Rubén Diazconti  toman como tarea explicar las diferencias prácticas entre el uso, el abuso y la dependencia a las sustancias psicoactivas. Entender estas diferencias, explican los autores, implica reconocer los distintos tipos de atención y servicios de salud que cada tipo de uso requiere. 

Es a partir de lo anterior que el texto busca observar las implicaciones sociales de malinterpretar o confundir los términos. Distinguir los tipos y razones de consumo es muy importante para identificar el tipo de estrategias o la orientación de las políticas sobre consumo de drogas por elaborar, aseguran los autores. Además, individualizar el seguimiento nos permite entender que no todo consumo de drogas causa daños y que los usos experimental y recreativo no sólo son posibles sino de hecho son los más comunes. 

Para los usos experimental, recreativo y habitual los autores sugieren aplicar estrategias de reducción del riesgo, para evitar que se transite a los otros tipos de consumo problemáticos. Para quienes tienen un consumo compulsivo, problemático o dependiente, es necesario implementar estrategias de reducción de daños.

Descarga la GPD: Las diferencias entre el uso, el abuso y la dependencia a las drogas
Download GPD: The differences between use, abuse & dependency on drugs

ISBN: 978-607-9162-21-4
México, DF.

Nuestros amigos de Regulación Responsable en Uruguay acaban de presentar su primer publicación con información sobre las posibilidades de la industria del cannabis, los usos medicinales, los modelos de regulación que ya existen en el mundo y las potencialidades productivas de la marihuana.

El Proyecto de Ley de Regulación de la marihuana de Uruguay se encuentra a consideración de la Cámara de Senadores y será votado a mediados de noviembre. Esta publicación tiene por objetivo brindar información de calidad y continuar enriqueciendo el debate a instancias de la efectiva aprobación.

Descarga la publicación de Regulación Responsable: Regular la marihuana es el camino, no el fin

Avance histórico en la lucha para poner fin a la prohibición de la marihuana.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, informó hoy a los gobernadores de Washington y Colorado que el Departamento de Justicia permitirá a los estados de Washington y Colorado poner en práctica sus iniciativas electorales que legalizaron la producción, distribución y venta de marihuana para los adultos. El Fiscal General Adjunto, James Cole, también emitió un memorándum a los abogados estadounidenses de todo el país en el que describe las prioridades que deben guiar a los fiscales federales para cumplir las leyes sobre la marihuana.
 
Las directivas planteadas también se aplicarán a los 20 estados que han legalizado la marihuana con fines médicos. Por ello, la nota muestra un giro importante en la postura del gobierno federal. La regulación estatal puede favorecer los intereses federales al enfocarse en la reducción de la delincuencia organizada y la disponibilidad de la marihuana para los más jóvenes. 
 
Sin embargo, el Departamento de Justicia dejó la puerta abierta para revertir el curso mediante la reserva de su derecho a presentar una demanda por apropiación en el futuro, ya que la marihuana sigue siendo ilegal para el gobierno federal bajo la Ley de Sustancias Controladas.
 
Según la guía, el Departamento de Justicia todavía podrá enjuiciar a personas o entidades necesarias para impedir:

• la distribución de marihuana a menores de edad;
• que los ingresos de la venta de marihuana vaya a empresas criminales, pandillas y cárteles ;
• la desviación de la marihuana de los estados donde es legal bajo la ley estatal de alguna forma a otros estados;
• que la actividad autorizada con marihuana por el estado sea utilizada como una cubierta o pretexto para el tráfico de otras drogas ilegales u otras actividades ilegales;
• la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de marihuana;
• la conducción bajo los efectos de la marihuana y la exacerbación de otras consecuencias adversas a la salud pública;
• el cultivo de marihuana en terrenos públicos y supervisión de la seguridad pública y los peligros ambientales que plantea la producción de marihuana, y
• la prevención posesión de marihuana o uso en instalaciones federales.

Descarga el memorandum del Departamento de Justicia.
Nota asociada: "Eric Holder Says DOJ Will Let Washington, Colorado Marijuana Laws Go Into Effect", Huffington Post

Comúnmente se percibe a las personas que usan drogas como individuos con algún tipo de enfermedad o relacionados con la delincuencia, pero las y los usuarios de drogas no somos ni enfermxs, ni delincuentes. Quienes usamos drogas somos sujetos políticos, económicos y sociales, poseedores de derechos y obligaciones.

Este Documento de Trabajo (DDT) busca hacer una breve revisión del marco legal nacional e internacional y  ofrece información indispensable para toda persona que utiliza drogas.

Descarga la Cartilla de Derechos para usuarixs de drogas (2013).

El lunes 26 de agosto, el Instituto de la Juventud del DF organizó el foro "¿Despenalizar la mariguana o no? Debate entre jóvenes, debate informado" en el que participaron Carlos Rosas (CIJ), Zara Snapp (Consultora), Lizeth Moxica (SSa DF), Gabriel Espinosa (Asesor del PAN en ALDF), Alberto Lujambio (Novelistik.com), Antonio Attolini (Sin Filtro), Joel Anaya (CUPIHD), Ángel Guzmán (UNAM), Arturo Rocha (CIDE) y nuestro colega Aram Barra (Espolea).

Los 10 panelistas recorrieron los temas de cultura, derechos humanos, seguridad y marco jurídico, salud, economía y ámbito internacional durante casi dos horas y media. Con ello, respondieron al objetivo de dialogar en torno a las sustancias psicoactivas, particularmente la marihuana, las personas que la usan y las leyes que la norman el día de hoy en el Distrito Federal.

Al debate asistieron 100 personas y varios medio de comunicación, así como la Directora del INJUVE DF, Maria Fernanda Olvera quien señaló que hará llegar a las instancias más altas posibles, como las cámaras de Diputados y de Senadores, las conclusiones de las y los jóvenes capitalinos sobre la despenalización y regulación legal de la marihuana. 


Ve algunas fotos del debate.
Descarga el programa del evento.
Descarga el cartel del evento.

Nota de prensa:
Excelsior. "Debe escucharse a los jóvenes en debate sobre mariguana: InjuveDF"

El documento La política de drogas en México: Prevención, reducción de daños y reasignación presupuestal de Aram Barra forma parte de la serie «Perspectivas», textos destinados a policy makers, asesores y expertos que necesitan información actualizada para la evaluación y el diseño de políticas. El objetivo de la Perspectiva es evaluar de manera sistemática y argumentada el estado de situación de la política de drogas desde la perspectiva de salud, plantear posibles escenarios y ofrecer sugerencias de políticas o posibles líneas de acción. 
En este texto, Aram Barra plantea:

• Durante el año 2007 las muertes directamente atribuidas al abuso de drogas ilícitas en México contaron menos de una décima parte de las producidas por VIH, y una vigésima parte de las atribuidas a obesidad o sobrepeso, mientras que las muertes directamente atribuidas al abuso de drogas ilícitas era una quinta parte de las atribuidas a drogas lícitas como el alcohol o el ta- baco. El verdadero problema de salud pública en México está hoy en el abu- so de drogas legales como el alcohol y no en el consumo de drogas ilícitas. 
• Existen al menos tres áreas de oportunidad y líneas de acción que el Estado mexicano puede impulsar para mejorar su política de drogas, a saber: (1) Com- plementar las campañas de prevención con intervenciones breves; (2) Recuperar la filosofía de reducción de daños como paradigma de la salud pública, y (3) Revisar la asignación presupuestal para regresar la política de drogas al ámbito de la salud. 
• Se dice que por cada dólar que se gasta en prevención, se ahorran por lo menos diez en futuros costes sociales, de salud y delincuencia asociados al uso de drogas. Recientemente se ha buscado evidencia científica para generar políticas, programas y sistemas de prevención que funcionen. 
• El concepto de “reducción de daños” engloba políticas, programas y prácticas destinadas a reducir los daños asociados con el consumo de drogas psicoacti- vas en personas que no pueden o no quieren detener su uso. 
• Por cada dólar que México invierte en reducción de la demanda, gasta 16 en el control de la oferta. Si el objetivo es reducir de manera significativa el uso, abuso y dependencia hacia las sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales, es de suma importancia que el gobierno mexicano refleje esta priorización en sus presupuestos de salud. 

Descarga el documento: La política de drogas en México: Prevención, reducción de daños y reasignación presupuestal

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, elogió las reformas al sistema de justicia penal, anunciadas esta semana por el Fiscal General de los Estados Unidos Eric Holder. A su juicio, estas reformas "beneficiarán a los condenados por la distribución de cantidades menores de drogas, no violentos, ni vinculados con organizaciones criminales, acusados por delitos que implican sentencias mínimas obligatorias". Las medidas correctivas propuestas están diseñadas, a su juicio, para reforzar el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley, aliviando la sobrepoblación de las prisiones federales de los Estados Unidos. 

El máximo representante de la OEA indicó que "el Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de la OEA comparte muchos puntos con las reformas propuestas por el Fiscal General Holder", agregando que "nuestro estudio concluyó que en casi todos los países del hemisferio, existe un problema de sobrepoblación penitenciaria debido a la fiscalización de drogas principalmente a través de sanciones penales”. Dijo que “la aplicación de leyes severas para los delitos relacionados con drogas ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de miles de personas encarceladas por pequeños delitos de drogas".

Insulza recordó que en Estados Unidos, la existencia de leyes sobre sentencias mínimas obligatorias ha contribuido al aumento explosivo en el número de presos por infracciones a la legislación de drogas. Señaló que, según el estudio de la OEA, "la situación ha derivado en una gran carga financiera para el país y un problema social con consecuencias enormes debido, entre otras razones, al predominio de minorías raciales en las cárceles". 

"El hecho de que quienes resultan más afectados por la desproporción de los delitos y las penas, tienden a ser personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en las sociedades americanas, que constituyen los eslabones más débiles en las cadenas del tráfico, hace más evidente la necesidad de estos cambios", explicó.

Comunicado de prensa: Secretario General de la OEA elogia reformas penales anunciadas por Fiscal estadounidense

3er día - 9 de agosto 2013
Mesa 7 “Drogas, justicia y espacio compuesto” . Compuesta por Alberto R. López García (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal); Marcela García Torres (Fiscal Central de Investigación para la atención del delito de narcomenudeo); Alejandro Hope (Instituto Mexicano para la Competitividad A. C.); Luis E. Hernández (Caracol A.C.);    Diana Guzmán (Dejusticia/ Colombia); y MarieClaire Acosta (Freedom House México). 

Luis E. Hernández describió al espacio público como un espacio incluyente, en donde bajo el argumento legal de consumo se ha vuelto en un lugar de ‘limpieza social’. En este contexto, lxs jóvenes usuarixs son por lo general criminalizadxs y consecuentemente discriminadxs por las instituciones estatales. 

Marie Claire definió a la actual política prohibicionista como una exportación adoptada por muchos países, bajo la cual se enfoca en dirigir gran parte del presupuesto estatal en lo militar como medida de prevención. Además, nos recordó cómo las drogas han sido un elemento inherente a la condición humana. 

Diana Guzmán explicó lo que comprenden las Cortes de Drogas como políticas penales para enfrentar la ‘criminalidad asociada con las drogas’. En este sentido, observó que básicamente se hace un suspensión del proceso judicial por un tratamiento “voluntario”. Según Diana Guzmán, los resultados de este mecanismo son mixtos, ya que se desconocen ciertos datos importantes como la deserción del tratamiento. Guzmán hizo una crítica a las Cortes de Drogas en tanto que el sistema continúa criminalizando el consumo y no se enfrenta como un verdadero fenómeno de salud. Además, explicó, esta criminalización generaliza ‘todo el consumo como problemático’.


Mesa 8 “Drogas y personas privadas de la libertad”. Compuesta por Corina Giacomello (Universidad Autónoma de Chiapas); Edgar Angulo (Oceánica); Luciana Pols (CELS) y representante de Montefénix. 

Corina Giacomello presentó la realidades que se viven en el sistema penitenciario mexicano, lugar donde suele haber grandes violaciones de los Derechos Humanos. Concretamente, Corina describió al sistema penitenciario femenino más violento que el masculino y un lugar donde ‘lo ilícito se vuelve lícito y por otra parte, aquello que es lícito se vuelve caro e ilícito’. Además, expuso las realidades que se viven en el sistema penitenciario en relación al tráfico hormiga y la violación de Derechos Humanos no sólo de lxs reclusxs, sino también sus redes cercanas como los familiares. 

Luciana Pol siguiendo el tema iniciado por Corina Giacomello, habló sobre la relación entre mujeres, prisión, el micro-tráfico de drogas y el impacto sobre las familias. Pol describió el sistema como irracional y disfuncional, en el cual es indispensable restablecer las prioridades, ya que esta insaciable lucha para evitar cualquier el consumo de drogas termina en la violación de Derechos Humanos y en el consumo de drogas ‘legales’ por parte de las reclusas como tratamiento que tienen que llevar a cabo, por las presiones y situaciones que sufren como causa del encarcelamiento.

Mesa 9 “Drogas desde la cultura”. Compuesta por Luis Gavancho (Legaliza Perú); Julio Glockner (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); Carlos Martínez Rentería (Revista Generación); Jis y Trino (Caricaturistas).

Luis Gavancho describió los usos tradicionales y milenarios que han tenido las drogas, usos que actualmente se les conoce y reconoce, pero no se les acepta cayendo en una “hipocresía social”.

Julio Glockner narró cómo los rituales chamánicos fueron satanizados por el cristianismo, en donde las drogas eran asociadas con el demonio que extraía el juicio de las personas. Esto era opuesto a la figura que comúnmente se le asociaba con lo heroico, es decir la sobriedad encarnada. Finalmente, Glockner habló de la dualidad de los fármacos -promoción frente restricción- que acota el acceso a la información y la posibilidad de decidir sobre el consumo. 

Jis y Trino llevaron a cabo la última ponencia, los cuales con su distintivo estilo mencionaron “la marihuana ha estado y está presente en la sociedad ¿para qué legalizar? sólo es necesario que no te vean”. 

Síntesis realizada por Rebeca Calzada para Espolea A.C.