 | A continuación reproducimos integro y en español el discurso de Alison Holcomb, Directora de Justicia Criminal de ACLU-Washington durante el evento paralelo "The Road to UNGASS2016 on the World Drug Problem" organizado el 17 de noviembre de 2014 en el Salón 8 de las Naciones Unidas en Nueva York, por la Universidad de las Naciones Unidas. |
Buenas tardes. Quiero dar las gracias al Presidente por el honor de la invitación a participar en este panel, a mis estimados colegas por su valiosa contribución, y al público por su asistencia y atención.
Hace dos semanas, los ciudadanos de los estados de Oregon y Alaska siguieron la experiencia de Washington y Colorado, concediendo el otorgamiento de licencias y la regulación de la producción y distribución de cannabis comercial. Los ciudadanos de la capital de nuestra nación, Washington, DC, legalizaron la producción y la posesión para uso personal. Veintidós estados más Washington, DC permiten a los votantes aprobar leyes a través de mecanismos de democracia directa en las urnas. California, que sin duda se ocupará de la cuestión de la legalización y regulación del cannabis en 2016, es uno de ellos.
California es el estado más poblado de la nación, con una población de más de 38 millones, es decir 1 de cada 8 estadounidenses. Sus vecinos del norte, Oregon, Washington y Alaska, todos han legalizado y regulado el cannabis. Su vecino del sur es México, de donde millones de toneladas de cannabis han fluido y cruzado las tierras de California para satisfacer la demanda en la costa este. Para junio de 2016, la iniciativa de cannabis en California se habrá certificado a la votación, sucediendo el debate sobre el impacto de que ese estado se convierta en un proveedor legal de cannabis, mientras que los ciudadanos de México siguen siendo víctimas de los fracasos de las políticas de drogas obsoletas.
Preveíamos que ese debate sucediera en 2010, cuando se presentó la Proposición 19 en la boleta electoral. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. En 2010, el Procurador General de Estados Unidos, Eric Holder, hizo sentir la fuerza del cumplimiento de la ley federal justo antes de la votación. La Proposición 19 fracasó, pero sólo por cuatro puntos. Mientras tanto, el apoyo a la legalización del cannabis siguió aumentando en todo el país.
Cuando los ciudadanos del estado de Washington y Colorado votaron en el 2012, el Departamento de Justicia se quedó en silencio, como lo hizo de nuevo hace dos semanas cuando la población de Oregon, Alaska y Washington, DC emitieron sus votos. En el 2016, el mundo estará atento a la discusión sobre cannabis sucediendo dentro de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que de hecho debería considerar el problema mundial de las políticas de drogas.
Ese problema fue descrito recientemente por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Brownfield, en una rueda de prensa después de emitir sus observaciones ante el Tercer Comité de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 9 de octubre pasado. En sus palabras, y cito, "Las convenciones internacionales fueron escritas hace más de 50 años. Se nos permite interpretarlas toda vez que nuestra interpretación es todavía compatible con nuestro deseo universal de reducir el mal uso y el abuso de productos nocivos en todo el mundo". Creo que es importante tener en cuenta la elección de las palabras "mal uso" y "abuso" en lugar de la expresión más amplia y común "uso".
Sólo nueve por ciento de los usuarios adultos de cannabis desarrollará dependencia, y los síntomas y el síndrome de abstinencia asociados con la dependencia de cannabis son relativamente leves. El daño causado por las organizaciones criminales violentos que se benefician de estado prohibido del cannabis, por otra parte, es extrema.
La lucha contra la violencia, uno de los cuatro pilares que el Sr. Brownfield argumenta deben guiar a la comunidad internacional en el camino a la UNGASS de 2016: en primer lugar, respetar las convenciones; en segundo lugar, permitir una interpretación flexible a la luz de los acontecimientos mundiales desde su adopción; en tercer lugar, tolerar la experimentación de los estados miembro con nuevos enfoques; y en cuarto lugar, mantener su compromiso con la lucha contra las organizaciones criminales que despliegan la violencia para defender sus cuotas de mercado.
Nosotros, los abogados podemos argüir hasta el cansancio con la interpretación jurídica de los convenios ofrecidos por los Estados Unidos a través del Sr. Brown, pero sería un grave error y una oportunidad perdida para hacer caso omiso de las implicaciones políticas más amplias. La estructura federalista de nuestra nación, combinado con el poder de la iniciativa electoral y el papel tradicional de los estados, en oposición al gobierno nacional, como los ejecutores principales de nuestras leyes sobre drogas, significa que la reforma está sucediendo desde el principio.
El pueblo de los Estados Unidos se moverá mucho más rápido que su Congreso. Someto ante ustedes que la Administración del Presidente Obama reconoce este hecho al crear el espacio político para que los ciudadanos, a través de sus estados individuales, expresen su voluntad de manera que el Congreso finalmente se vea obligado a reconocer la estrategia. Al mismo tiempo, la Administración está creando el espacio, a través del Departamento de Estado, para que otros signatarios de las convenciones se muevan del modelo prohibicionista actual a nuevas direcciones que determinen para promover la salud pública y la seguridad ciudadana.
En pocas palabras, la puerta a la reforma está abierta. La pregunta es si otras naciones aprovecharán la oportunidad para explorar los límites de la flexibilidad política que podría permitir a los Estados miembros aliviar el sufrimiento actual causado por políticas obsoletas. Este trabajo sería un logro importante y un hito hacia un verdadero consenso sobre el deseo y la necesidad de reformar los convenios.
Gracias.
Hace dos semanas, los ciudadanos de los estados de Oregon y Alaska siguieron la experiencia de Washington y Colorado, concediendo el otorgamiento de licencias y la regulación de la producción y distribución de cannabis comercial. Los ciudadanos de la capital de nuestra nación, Washington, DC, legalizaron la producción y la posesión para uso personal. Veintidós estados más Washington, DC permiten a los votantes aprobar leyes a través de mecanismos de democracia directa en las urnas. California, que sin duda se ocupará de la cuestión de la legalización y regulación del cannabis en 2016, es uno de ellos.
California es el estado más poblado de la nación, con una población de más de 38 millones, es decir 1 de cada 8 estadounidenses. Sus vecinos del norte, Oregon, Washington y Alaska, todos han legalizado y regulado el cannabis. Su vecino del sur es México, de donde millones de toneladas de cannabis han fluido y cruzado las tierras de California para satisfacer la demanda en la costa este. Para junio de 2016, la iniciativa de cannabis en California se habrá certificado a la votación, sucediendo el debate sobre el impacto de que ese estado se convierta en un proveedor legal de cannabis, mientras que los ciudadanos de México siguen siendo víctimas de los fracasos de las políticas de drogas obsoletas.
Preveíamos que ese debate sucediera en 2010, cuando se presentó la Proposición 19 en la boleta electoral. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. En 2010, el Procurador General de Estados Unidos, Eric Holder, hizo sentir la fuerza del cumplimiento de la ley federal justo antes de la votación. La Proposición 19 fracasó, pero sólo por cuatro puntos. Mientras tanto, el apoyo a la legalización del cannabis siguió aumentando en todo el país.
Cuando los ciudadanos del estado de Washington y Colorado votaron en el 2012, el Departamento de Justicia se quedó en silencio, como lo hizo de nuevo hace dos semanas cuando la población de Oregon, Alaska y Washington, DC emitieron sus votos. En el 2016, el mundo estará atento a la discusión sobre cannabis sucediendo dentro de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que de hecho debería considerar el problema mundial de las políticas de drogas.
Ese problema fue descrito recientemente por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Brownfield, en una rueda de prensa después de emitir sus observaciones ante el Tercer Comité de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 9 de octubre pasado. En sus palabras, y cito, "Las convenciones internacionales fueron escritas hace más de 50 años. Se nos permite interpretarlas toda vez que nuestra interpretación es todavía compatible con nuestro deseo universal de reducir el mal uso y el abuso de productos nocivos en todo el mundo". Creo que es importante tener en cuenta la elección de las palabras "mal uso" y "abuso" en lugar de la expresión más amplia y común "uso".
Sólo nueve por ciento de los usuarios adultos de cannabis desarrollará dependencia, y los síntomas y el síndrome de abstinencia asociados con la dependencia de cannabis son relativamente leves. El daño causado por las organizaciones criminales violentos que se benefician de estado prohibido del cannabis, por otra parte, es extrema.
La lucha contra la violencia, uno de los cuatro pilares que el Sr. Brownfield argumenta deben guiar a la comunidad internacional en el camino a la UNGASS de 2016: en primer lugar, respetar las convenciones; en segundo lugar, permitir una interpretación flexible a la luz de los acontecimientos mundiales desde su adopción; en tercer lugar, tolerar la experimentación de los estados miembro con nuevos enfoques; y en cuarto lugar, mantener su compromiso con la lucha contra las organizaciones criminales que despliegan la violencia para defender sus cuotas de mercado.
Nosotros, los abogados podemos argüir hasta el cansancio con la interpretación jurídica de los convenios ofrecidos por los Estados Unidos a través del Sr. Brown, pero sería un grave error y una oportunidad perdida para hacer caso omiso de las implicaciones políticas más amplias. La estructura federalista de nuestra nación, combinado con el poder de la iniciativa electoral y el papel tradicional de los estados, en oposición al gobierno nacional, como los ejecutores principales de nuestras leyes sobre drogas, significa que la reforma está sucediendo desde el principio.
El pueblo de los Estados Unidos se moverá mucho más rápido que su Congreso. Someto ante ustedes que la Administración del Presidente Obama reconoce este hecho al crear el espacio político para que los ciudadanos, a través de sus estados individuales, expresen su voluntad de manera que el Congreso finalmente se vea obligado a reconocer la estrategia. Al mismo tiempo, la Administración está creando el espacio, a través del Departamento de Estado, para que otros signatarios de las convenciones se muevan del modelo prohibicionista actual a nuevas direcciones que determinen para promover la salud pública y la seguridad ciudadana.
En pocas palabras, la puerta a la reforma está abierta. La pregunta es si otras naciones aprovecharán la oportunidad para explorar los límites de la flexibilidad política que podría permitir a los Estados miembros aliviar el sufrimiento actual causado por políticas obsoletas. Este trabajo sería un logro importante y un hito hacia un verdadero consenso sobre el deseo y la necesidad de reformar los convenios.
Gracias.
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