En la semana de derecho en la universidad Iberoamericana (del 17 al 21 de febrero de 2014), el Comisionado Nacional de Seguridad se posicionó en contra de la propuesta para reducir la criminalización de usuarios de marihuana, presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 14 de febrero.
Manuel Mondragón y Kalb argumentó en contra de la iniciativa presentada en el Distrito Federal manifestando que, “[…] en México no se ha llevado a nadie a la cárcel por consumir Marihuana”. [1]
La tesis realizada por Arturo Rocha en el Centro de Investigación y Docencia Economica (CIDE), brinda de evidencia empírica para sustentar que, contrario a lo mencionado por Mondragrón y Kalb, en México sí se ha llevado a las personas a prisión por consumir marihuana.
Algunos de los elementos presentados por Rocha no sólo ponen en duda el argumento de Mondragón y Kalb, sino que revelan la adicción del sistema de justicia mexicano por encarcelar a los consumidores de drogas y reflejan la crisis interna de las prisiones mexicanas, que diariamente vulneran por igual los derechos humanos de los prisioneros sin importar el grado del delito que hayan cometido.
En México, la población penitenciaria de es de 242,754 internos y la tasa de encarcelamiento por cada 100,00 habitantes es de 207.[2] Los principales delitos por los que se encuentran atestadas las prisiones mexicanas son:
De los sentenciados por delitos en contra de la salud (60.2% del total) se subdividen en[4]:
Dentro de la sustancias por las que fueron sentenciados se encuentran en primer lugar la marihuana con 58.7%; segundo lugar la cocaína con 27.3%; tercer lugar metanfetaminas con 11.1%; cuarto lugar la heroína con 8.2%; cuarto lugar la piedra y crack con 3.4%; y quinto lugar las pastas o medicamentos controlados con 2%. [6]
De los delitos contra la salud relacionados particularmente con la marihuana, el total fue de 58.7%, en el caso de los hombres representaron el 61.7% de los casos y el 42.1% en las mujeres.[7]
El sistema penitenciario mexicano actual vive una crisis, derivada de elementos como la corrupción[8], el hacinamiento y sobrepoblación[9], los cuales ponen en cuestión el propósito esencial de las prisiones (lograr la reinserción del sentenciado para que no vuelva a delinquir)[10] y por el contrario se vuelve un espacio que favorece el contagio criminógeno, además de que viola derechos como el trato digno, la salud y atención médica, el no aislamiento, la no comunicación, la protección de la no integridad y el no hacinamiento. [11] Dicha crisis se refleja en las deplorables condiciones de las prisiones –señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– las cuales no cuentan con alimentos higiénicos, las familias de los presos deben llevar comida, artículos de limpieza, medicinas, además de “atender las cuotas […] para las llamadas telefónicas, las visitas, la correspondencia y la seguridad, entre otras más” y pagar por “un espacio para dormir o incluso una protección para el derecho a vivir ‘. [12]
La evidencia muestra que actualmente sí existen personas sentenciadas por el consumo de marihuana, a pesar de que la Ley General de Salud no prohíba el consumo –sólo hace una despenalización minúscula, permaneciendo ilegal. En la realidad, las personas detenidas con marihuana van a prisión y si consumían menos de cinco gramos, tendrían que pagar un multa después de ser detenidx, tratadx como infractorx y liberadx por el Ministerio Público.[13]
Tratar a los consumidores de drogas como delincuentes refleja la incongruencia del sistema que invierte cada vez más en esfuerzos y recursos para perseguir al usuarix de drogas. Con ello, la sociedad le arrebata su libertad y le inserta en prisiones que refuerzan, potencializan e incluso estimulan el desarrollo conductas delictiva. Además, paradójicamente, estos son espacios que exponen a los sentenciados a una mayor probabilidad de consumo de drogas que la población en general[14], y contrariamente, no buscan tratar el fenómeno de las drogas como uno de salud e invertir en beneficio de la toda la sociedad a través de la educación, la prevención, programas de reducción de riesgos daños, empleo e integración familiar entre otros.
El debate actual en torno a la política de drogas demanda argumentos e información basada en evidencia científica, libre de dogmas y morales para lograr desarrollar políticas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad, lo cual incluye tanto a lxs usuarixs como a lxs no usuarixs de drogas. La objetividad en los argumentos es esencial para lograr un debate serio, especialmente cuando se trata de instituciones estatales que velan por la libertad, el orden, la paz pública y la integridad de las personas, tales como la Comisión Nacional de Seguridad.
[1] Castilla, G.; y Muñoz, A. Legalizar la mariguana emporará la situación: Mondragón y Kalb [En línea] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/20/politica/017n3pol. Revisado el 20 febrero, 2014.
[2] Rocha, Arturo (2013) Despotismo en Libertad: Un estudio comparado de drogas y prisiones federal en México y Estados Unidos. Tesis para obtener el título de licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
[3] CIDE (2012) Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social.
[4] Op. Cit CIDE.
[5] Ídem.
[6] Op.Cit. CIDE
[7] Op. Cit. CIDE
[8] Paradójicamente, muchas de las prisiones actualmente se encuentran controladas por líderes .
[9] Ejemplo de ello son los 50,000 presos que no cuentan con un lugar asignado dentro de las celdas. Op. Cit. Rocha, Arturo.
[10] Artículo 18, Constitución Política de los Estados Unidos.
[11] Op. Cit Rocha, Arturo.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] Op. Cit. CIDE.
[i] En estas subcategorías, la encuesta del CIDE no presentó el porcentaje correspondiente entre hombre y mujeres.
Manuel Mondragón y Kalb argumentó en contra de la iniciativa presentada en el Distrito Federal manifestando que, “[…] en México no se ha llevado a nadie a la cárcel por consumir Marihuana”. [1]
La tesis realizada por Arturo Rocha en el Centro de Investigación y Docencia Economica (CIDE), brinda de evidencia empírica para sustentar que, contrario a lo mencionado por Mondragrón y Kalb, en México sí se ha llevado a las personas a prisión por consumir marihuana.
Algunos de los elementos presentados por Rocha no sólo ponen en duda el argumento de Mondragón y Kalb, sino que revelan la adicción del sistema de justicia mexicano por encarcelar a los consumidores de drogas y reflejan la crisis interna de las prisiones mexicanas, que diariamente vulneran por igual los derechos humanos de los prisioneros sin importar el grado del delito que hayan cometido.
En México, la población penitenciaria de es de 242,754 internos y la tasa de encarcelamiento por cada 100,00 habitantes es de 207.[2] Los principales delitos por los que se encuentran atestadas las prisiones mexicanas son:
- En primer lugar delitos contra la salud: 60.2% total, 57.6% hombres y 80% mujeres;
- En segundo lugar por delitos relacionados con armas: 24.5% total, 27% hombres y 5.3% mujeres;
- En tercer lugar delitos por robo, fraude, peculado: 14.6% total, 15.2% hombres y 10.5% mujeres;
- En cuarto lugar por delincuencia organizada: 14.6% total, 16% hombres y 4.2% mujeres,
- Y en quinto lugar lo ocupan los homicidio doloso, homicidio culposo: 12.2% total, 13.5% hombres y 2.1% mujeres. [3]
De los sentenciados por delitos en contra de la salud (60.2% del total) se subdividen en[4]:
- 40.7% total, 40% hombres y 44.7% mujeres por transporte.
- 38.5% total, 40% hombres y 30.3% mujeres por posesión (traer consigo).
- 15.4% total, 14.8% hombres y 18.4% mujeres por vender al menudeo.
- 8.9% total, 9.3% hombres y 6.6% mujeres por traficar.
- 4.9% total, 4.8% hombres y 5.3% mujeres por vender al mayoreo.
- 3.2% total, 3.8% hombres y 0.0% mujeres por fomento al narcotráfico.
- 3% total, 1.2% hombres y 13.2)% mujeres por suministro.
- 1.8% por consumo[i] .
- 1.8% por cultivo.
Dentro de la sustancias por las que fueron sentenciados se encuentran en primer lugar la marihuana con 58.7%; segundo lugar la cocaína con 27.3%; tercer lugar metanfetaminas con 11.1%; cuarto lugar la heroína con 8.2%; cuarto lugar la piedra y crack con 3.4%; y quinto lugar las pastas o medicamentos controlados con 2%. [6]
De los delitos contra la salud relacionados particularmente con la marihuana, el total fue de 58.7%, en el caso de los hombres representaron el 61.7% de los casos y el 42.1% en las mujeres.[7]
El sistema penitenciario mexicano actual vive una crisis, derivada de elementos como la corrupción[8], el hacinamiento y sobrepoblación[9], los cuales ponen en cuestión el propósito esencial de las prisiones (lograr la reinserción del sentenciado para que no vuelva a delinquir)[10] y por el contrario se vuelve un espacio que favorece el contagio criminógeno, además de que viola derechos como el trato digno, la salud y atención médica, el no aislamiento, la no comunicación, la protección de la no integridad y el no hacinamiento. [11] Dicha crisis se refleja en las deplorables condiciones de las prisiones –señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– las cuales no cuentan con alimentos higiénicos, las familias de los presos deben llevar comida, artículos de limpieza, medicinas, además de “atender las cuotas […] para las llamadas telefónicas, las visitas, la correspondencia y la seguridad, entre otras más” y pagar por “un espacio para dormir o incluso una protección para el derecho a vivir ‘. [12]
La evidencia muestra que actualmente sí existen personas sentenciadas por el consumo de marihuana, a pesar de que la Ley General de Salud no prohíba el consumo –sólo hace una despenalización minúscula, permaneciendo ilegal. En la realidad, las personas detenidas con marihuana van a prisión y si consumían menos de cinco gramos, tendrían que pagar un multa después de ser detenidx, tratadx como infractorx y liberadx por el Ministerio Público.[13]
Tratar a los consumidores de drogas como delincuentes refleja la incongruencia del sistema que invierte cada vez más en esfuerzos y recursos para perseguir al usuarix de drogas. Con ello, la sociedad le arrebata su libertad y le inserta en prisiones que refuerzan, potencializan e incluso estimulan el desarrollo conductas delictiva. Además, paradójicamente, estos son espacios que exponen a los sentenciados a una mayor probabilidad de consumo de drogas que la población en general[14], y contrariamente, no buscan tratar el fenómeno de las drogas como uno de salud e invertir en beneficio de la toda la sociedad a través de la educación, la prevención, programas de reducción de riesgos daños, empleo e integración familiar entre otros.
El debate actual en torno a la política de drogas demanda argumentos e información basada en evidencia científica, libre de dogmas y morales para lograr desarrollar políticas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad, lo cual incluye tanto a lxs usuarixs como a lxs no usuarixs de drogas. La objetividad en los argumentos es esencial para lograr un debate serio, especialmente cuando se trata de instituciones estatales que velan por la libertad, el orden, la paz pública y la integridad de las personas, tales como la Comisión Nacional de Seguridad.
[1] Castilla, G.; y Muñoz, A. Legalizar la mariguana emporará la situación: Mondragón y Kalb [En línea] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/20/politica/017n3pol. Revisado el 20 febrero, 2014.
[2] Rocha, Arturo (2013) Despotismo en Libertad: Un estudio comparado de drogas y prisiones federal en México y Estados Unidos. Tesis para obtener el título de licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
[3] CIDE (2012) Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social.
[4] Op. Cit CIDE.
[5] Ídem.
[6] Op.Cit. CIDE
[7] Op. Cit. CIDE
[8] Paradójicamente, muchas de las prisiones actualmente se encuentran controladas por líderes .
[9] Ejemplo de ello son los 50,000 presos que no cuentan con un lugar asignado dentro de las celdas. Op. Cit. Rocha, Arturo.
[10] Artículo 18, Constitución Política de los Estados Unidos.
[11] Op. Cit Rocha, Arturo.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] Op. Cit. CIDE.
[i] En estas subcategorías, la encuesta del CIDE no presentó el porcentaje correspondiente entre hombre y mujeres.
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