5 maneras en las que el organismo internacional vigilante de las políticas de drogas falla en defender la salud y los derechos humanos
En lo que se ha convertido en un ejercicio anual escalofriante, el perro guardián de las políticas de drogas de la ONU, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ha presentado hoy su informe anual. La JIFE se auto-describe como un grupo "cuasi-judicial" de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de fiscalización de drogas. Sin embargo, un informe anual lleno de sesgos a la guerra y omisiones flagrantes nos hace preguntarnos quién está juzgando a los jueces.
La JIFE se supone que asegura el equilibrio en el control de drogas y la disponibilidad de los medicamentos utilizados para tratar la adicción legal y aliviar el dolor. El informe de la JIFE, sin embargo, lleva una especie de enfoque menos noble y más punitivo hacia las drogas --haciendo hincapié en la justicia por sobre la salud, y dejando de lado las muchas formas en las que los países que visitó la Junta durante el año pasado podrían mejorar sus respuestas a las drogas y sus adicciones.
Aquí están 5 maneras de las que el informe anual de la JIFE falla en materia de salud y derechos humanos:
En lo que se ha convertido en un ejercicio anual escalofriante, el perro guardián de las políticas de drogas de la ONU, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ha presentado hoy su informe anual. La JIFE se auto-describe como un grupo "cuasi-judicial" de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de fiscalización de drogas. Sin embargo, un informe anual lleno de sesgos a la guerra y omisiones flagrantes nos hace preguntarnos quién está juzgando a los jueces.
La JIFE se supone que asegura el equilibrio en el control de drogas y la disponibilidad de los medicamentos utilizados para tratar la adicción legal y aliviar el dolor. El informe de la JIFE, sin embargo, lleva una especie de enfoque menos noble y más punitivo hacia las drogas --haciendo hincapié en la justicia por sobre la salud, y dejando de lado las muchas formas en las que los países que visitó la Junta durante el año pasado podrían mejorar sus respuestas a las drogas y sus adicciones.
Aquí están 5 maneras de las que el informe anual de la JIFE falla en materia de salud y derechos humanos:
Falla 1. No ofrece crítica alguna a la prohibición de medicamentos esenciales
La JIFE hace referencias a laboratorios ubicados en Letonia que están produciendo metadona, y dice la medicina está siendo exportada de manera ilícita a Rusia. Olvida mencionar que la metadona y la buprenorfina -consideradas medicamentos esencial por la Organización Mundial de la Salud y utilizadas para reducir la inyección de heroína y el VIH- están prohibidas en Rusia, a pesar de la pandemia de SIDA que se concentra entre las personas que consumen drogas en ese país. Los expertos internacionales, incluidos los de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sede institucional de la JIFE, son unánimes en su evaluación de que la metadona y la buprenorfina son críticas para el tratamiento de las personas dependientes de la heroína. La JIFE debería estar hablando en contra de la prohibición en Rusia, en vez de ello, mantiene absoluto silencio.
Falla 2. La crítica infundada a la marihuana medicinal
La JIFE expresa su preocupación acerca de las prácticas de marihuana medicinal en Canadá. Incluso ante los bajos estándares de informes anteriores (la JIFE ha pronunciado su inquietud de que las celebridades que fuman marihuana en las películas y los productos que contienen cáñamo envían el mensaje equivocado a la sociedad) su crítica sobre la marihuana recetada para aliviar el dolor y estimular el apetito parece mezquino y fuera de base alguna. La JIFE no proporciona ninguna base para la crítica que hace a Canadá, no ofrece jurisprudencia o notas al pie al respecto.
Falla 3. Ningún escrutinio a lo que los países entienden por “tratamiento de drogas”
El informe señala que 220,000 personas en China estuvieron en "centros de tratamiento obligatorio" al final de 2011. Lo que no menciona es que estos centros son en realidad campos de trabajos forzados que violar el derecho internacional al detener a personas arbitrariamente y abusar de ellas al interior de los centros, y que no ofrecen ninguna forma de tratamiento que haya mostrado ser efectivo. Human Rights Watch, por ejemplo, ha documentado graves abusos físicos y sexuales de las personas que consumen drogas que han sido enviadas a los centros chinos. También en este caso la JIFE está en desacuerdo con la ONU, pues el jefe de la UNODC y once otros organismos multilaterales han hecho un llamamiento para cerrar centros como los de China.
Falla 4: No hace comentario alguno sobre las muertes de aquellas personas encerradas en centros de "rehabilitación", o sobre la necesidad de quitar los candados
La JIFE informa sobre su visita al Perú en mayo pasado, pero no menciona que este viaje se realizó sólo algunos meses después de que 14 usuarios de drogas fueron quemados a muerte, encerrados en un centro de tratamiento. Sólo algunos días antes de su visita, más peruanos murieron en otro incendio ocurrido en un centro religioso de "comunidad terapéutica". Los fuegos del Perú no únicos, pacientes en tratamiento en Rusia, Kazajstán y algunos otros países también han muerto quemados y luchando contra puertas y ventanas cerradas desde afuera.
Una visita de la JIFE a Brasil ofreció otra oportunidad de hacer comentarios sobre “tratamientos” de adicciones abajo del standard. Una vez más, la JIFE perdió su oportunidad. Si bien la Junta toma nota de su preocupación por el aumento del consumo de crack en Brasil, no dice nada sobre la financiación del gobierno a grupos religiosos con comunidades terapéuticas como aquellas del Perú o el tratamiento obligatorio de personas que usan crack en Brasil, algo que la misma federación de psicólogos ha criticado como mala práctica clínica y una violación de derechos.
Falla 5: No hace crítica alguna a las ejecuciones en nombre de la lucha contra las drogas
La JIFE visitó Arabia Saudita en 2012, un país al que reconocieron su "compromiso" en la lucha contra el uso indebido y el tráfico de sustancias. Queda sin mencionar el uso agresivo de Arabia Saudita de la pena de muerte para delincuentes de drogas. De acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch, el país ejecutó a al menos 16 personas en los meses precedentes a la visita de la JIFE, muchos por delitos de drogas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, y varios otros expertos internacionales, han condenado el uso de la pena de muerte para todo delito relacionado a las drogas. Como los reportes de Harm Reduction International lo han dejado claro, la ejecución de delincuentes relacionados a las drogas contraviene el derecho internacional y se ubica entre los efectos más graves de la guerra contra las drogas.
El informe de la JIFE está en marcado contraste con el de otro organismo de la ONU (el informe de Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura) también emitido esta semana. Después de una investigación y audiencias con expertos de todo el mundo, Méndez señaló en una reunión del 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los centros de tratamiento obligatorio son culpables de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que la prohibición de acceso a tratamientos con metadona y buprenorfina es también inhumano y degradante.
El mensaje de que la salud y el alivio del sufrimiento son una parte crítica de una respuesta global a las drogas es uno al que la JIFE tiene que prestar atención, y reflejan en sus informes anuales. De lo contrario, corren el riesgo de reducirse a enfrascados guerreros anti-drogas que han fracasado en sus responsabilidades y que se han olvidado de los compromisos fundamentales afirmados en los tratados de fiscalización y el mandato de la ONU que dicen defender.
Artículo de Daniel Wolfe
Publicado en The Huffington Post
05 de marzo 2013
Artículo original:
http://www.huffingtonpost.com/daniel-wolfe/is-the-incb-dangerous-to-_b_2807266.html
La JIFE hace referencias a laboratorios ubicados en Letonia que están produciendo metadona, y dice la medicina está siendo exportada de manera ilícita a Rusia. Olvida mencionar que la metadona y la buprenorfina -consideradas medicamentos esencial por la Organización Mundial de la Salud y utilizadas para reducir la inyección de heroína y el VIH- están prohibidas en Rusia, a pesar de la pandemia de SIDA que se concentra entre las personas que consumen drogas en ese país. Los expertos internacionales, incluidos los de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sede institucional de la JIFE, son unánimes en su evaluación de que la metadona y la buprenorfina son críticas para el tratamiento de las personas dependientes de la heroína. La JIFE debería estar hablando en contra de la prohibición en Rusia, en vez de ello, mantiene absoluto silencio.
Falla 2. La crítica infundada a la marihuana medicinal
La JIFE expresa su preocupación acerca de las prácticas de marihuana medicinal en Canadá. Incluso ante los bajos estándares de informes anteriores (la JIFE ha pronunciado su inquietud de que las celebridades que fuman marihuana en las películas y los productos que contienen cáñamo envían el mensaje equivocado a la sociedad) su crítica sobre la marihuana recetada para aliviar el dolor y estimular el apetito parece mezquino y fuera de base alguna. La JIFE no proporciona ninguna base para la crítica que hace a Canadá, no ofrece jurisprudencia o notas al pie al respecto.
Falla 3. Ningún escrutinio a lo que los países entienden por “tratamiento de drogas”
El informe señala que 220,000 personas en China estuvieron en "centros de tratamiento obligatorio" al final de 2011. Lo que no menciona es que estos centros son en realidad campos de trabajos forzados que violar el derecho internacional al detener a personas arbitrariamente y abusar de ellas al interior de los centros, y que no ofrecen ninguna forma de tratamiento que haya mostrado ser efectivo. Human Rights Watch, por ejemplo, ha documentado graves abusos físicos y sexuales de las personas que consumen drogas que han sido enviadas a los centros chinos. También en este caso la JIFE está en desacuerdo con la ONU, pues el jefe de la UNODC y once otros organismos multilaterales han hecho un llamamiento para cerrar centros como los de China.
Falla 4: No hace comentario alguno sobre las muertes de aquellas personas encerradas en centros de "rehabilitación", o sobre la necesidad de quitar los candados
La JIFE informa sobre su visita al Perú en mayo pasado, pero no menciona que este viaje se realizó sólo algunos meses después de que 14 usuarios de drogas fueron quemados a muerte, encerrados en un centro de tratamiento. Sólo algunos días antes de su visita, más peruanos murieron en otro incendio ocurrido en un centro religioso de "comunidad terapéutica". Los fuegos del Perú no únicos, pacientes en tratamiento en Rusia, Kazajstán y algunos otros países también han muerto quemados y luchando contra puertas y ventanas cerradas desde afuera.
Una visita de la JIFE a Brasil ofreció otra oportunidad de hacer comentarios sobre “tratamientos” de adicciones abajo del standard. Una vez más, la JIFE perdió su oportunidad. Si bien la Junta toma nota de su preocupación por el aumento del consumo de crack en Brasil, no dice nada sobre la financiación del gobierno a grupos religiosos con comunidades terapéuticas como aquellas del Perú o el tratamiento obligatorio de personas que usan crack en Brasil, algo que la misma federación de psicólogos ha criticado como mala práctica clínica y una violación de derechos.
Falla 5: No hace crítica alguna a las ejecuciones en nombre de la lucha contra las drogas
La JIFE visitó Arabia Saudita en 2012, un país al que reconocieron su "compromiso" en la lucha contra el uso indebido y el tráfico de sustancias. Queda sin mencionar el uso agresivo de Arabia Saudita de la pena de muerte para delincuentes de drogas. De acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch, el país ejecutó a al menos 16 personas en los meses precedentes a la visita de la JIFE, muchos por delitos de drogas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, y varios otros expertos internacionales, han condenado el uso de la pena de muerte para todo delito relacionado a las drogas. Como los reportes de Harm Reduction International lo han dejado claro, la ejecución de delincuentes relacionados a las drogas contraviene el derecho internacional y se ubica entre los efectos más graves de la guerra contra las drogas.
El informe de la JIFE está en marcado contraste con el de otro organismo de la ONU (el informe de Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura) también emitido esta semana. Después de una investigación y audiencias con expertos de todo el mundo, Méndez señaló en una reunión del 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los centros de tratamiento obligatorio son culpables de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que la prohibición de acceso a tratamientos con metadona y buprenorfina es también inhumano y degradante.
El mensaje de que la salud y el alivio del sufrimiento son una parte crítica de una respuesta global a las drogas es uno al que la JIFE tiene que prestar atención, y reflejan en sus informes anuales. De lo contrario, corren el riesgo de reducirse a enfrascados guerreros anti-drogas que han fracasado en sus responsabilidades y que se han olvidado de los compromisos fundamentales afirmados en los tratados de fiscalización y el mandato de la ONU que dicen defender.
Artículo de Daniel Wolfe
Publicado en The Huffington Post
05 de marzo 2013
Artículo original:
http://www.huffingtonpost.com/daniel-wolfe/is-the-incb-dangerous-to-_b_2807266.html
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