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30-07-2014.- En el complejo problema de las drogas, el narcotráfico y la violencia son fenómenos que coinciden, pero no necesariamente la eliminación de uno significa el fin del otro, afirmó el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.
En su participación durante el segundo día del “Foro Internacional de Política de Drogas”, en un hotel de la Ciudad de México, calificó de falsa la aseveración de que la “guerra contra las drogas” generó la violencia que hoy existe y que al terminar con esta, se va a recuperar la seguridad.
Visualizar un pasado “idílico”, dijo, “es una trampa de la memoria”. Por tanto, añadió, se requieren enfoques más inteligentes frente a lo que fue restringido para sostener otras prohibiciones que son exigencia democrática, y, en ese sentido, impulsar el desarrollo de instituciones responsables y operables.
En su ponencia en la mesa “Seguridad, Justicia y Política de Drogas”, también sostuvo que la idea de la reconstrucción de las fuerzas de seguridad es cuestionable. Es más necesario, aclaró, restaurar la confianza en ellas.
“Tenemos que consolidar una democracia desde la fortaleza de las instituciones públicas para defender derechos, libertades y aplicar razonablemente las leyes”, dijo, y añadió que nutrir los sistemas de seguridad y de salud de la misma forma, es parte de las exigencias ciudadanas.
Por otro lado, Gómez-Mont opinó que el tema de la legalización de las drogas no corresponde a una “democracia directa”, en virtud de que los derechos de las minorías no son decisiones de la mayoría.
Las del consumidor de sustancias psicoactivas “son decisiones que le tocan a ese consumidor y sólo en ciertas situaciones tienen un trasfondo social, y que la mayoría no tiene que tolerar”, subrayó.
En su participación durante el segundo día del “Foro Internacional de Política de Drogas”, en un hotel de la Ciudad de México, calificó de falsa la aseveración de que la “guerra contra las drogas” generó la violencia que hoy existe y que al terminar con esta, se va a recuperar la seguridad.
Visualizar un pasado “idílico”, dijo, “es una trampa de la memoria”. Por tanto, añadió, se requieren enfoques más inteligentes frente a lo que fue restringido para sostener otras prohibiciones que son exigencia democrática, y, en ese sentido, impulsar el desarrollo de instituciones responsables y operables.
En su ponencia en la mesa “Seguridad, Justicia y Política de Drogas”, también sostuvo que la idea de la reconstrucción de las fuerzas de seguridad es cuestionable. Es más necesario, aclaró, restaurar la confianza en ellas.
“Tenemos que consolidar una democracia desde la fortaleza de las instituciones públicas para defender derechos, libertades y aplicar razonablemente las leyes”, dijo, y añadió que nutrir los sistemas de seguridad y de salud de la misma forma, es parte de las exigencias ciudadanas.
Por otro lado, Gómez-Mont opinó que el tema de la legalización de las drogas no corresponde a una “democracia directa”, en virtud de que los derechos de las minorías no son decisiones de la mayoría.
Las del consumidor de sustancias psicoactivas “son decisiones que le tocan a ese consumidor y sólo en ciertas situaciones tienen un trasfondo social, y que la mayoría no tiene que tolerar”, subrayó.
Asimismo, insistió en que la percepción de que el uso de las referidas sustancias es igual a toxicomanía, es un falso principio médico que debe ser matizado y precisado desde la ciencia, para establecer cuándo es un problema sanitario, de libertades y de seguridad pública.
“Cuando el discurso de las drogas se construye sobre arquetipos de virtud y vicio, es profundamente intolerante y antidemocrático”, concluyó.
En la mesa “Regulación e impacto económico de las drogas en México”, el académico e investigador Alejandro Madrazo Lajous resaltó que implementar una política de drogas en México implicó costos constitucionales, ya que se socavaron principios, derechos y valores que consagra nuestra Carta Magna.
Comentó que durante la llamada “Guerra contra las drogas en México” se identificaron algunos tipos de costos constitucionales: la restricción de derechos, al adoptar un régimen de excepción; la adopción de nuevas funciones por parte de autoridades, es decir, se contraponen o confunden porque la policía toma otras atribuciones, por ejemplo, en la actualidad tienen la facultad de investigar cuando era un papel que desempeñaba el Ministerio Público.
El resultado de estas confusiones, dijo, es el número de sentencias por delincuencia organizada, ya que en el 2010 se pasó de 42 arraigos a mil 679, esto si consideramos que el arraigo se utilizaría para combatir mejor a la delincuencia organizada. Por otro lado, continuó, el número de delincuentes organizados no varió, pues se elevó sólo de 137 a 148; de los que están sentenciados actualmente en las cárceles federales, el 27 por ciento fueron arraigados, pero sólo 14 fueron condenados por delincuencia organizada.
En cuando al índice de letalidad, destacó, el cual mide la relación de muertos frente a heridos, “la Policía Federal mata a 2.6 personas por cada una que hiere; el Ejército a 9.1 y la Marina a 17.3, según datos oficiales”. Por ello, se requiere investigar “cuáles son las políticas de enfrentamiento de los cuerpos de seguridad en México, pues de lo contrario no tenemos la menor autoridad para exigirle a los delincuentes que cumplan con el estado de derecho porque lo que estamos haciendo es simplemente eliminarlos”.
Por su parte, el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., Alejandro Hope, señaló que es indispensable medir el mercado de drogas si se quiere regular, saber de qué tamaño es y qué es lo que se está combatiendo, por lo que propuso generar una Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) al año; establecer un sistema de monitoreo para la población penitenciaria; crear un mecanismo de precios de mercados ilegales; facilitar el acceso al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y transparentar la información.
Resaltó que México no cuenta con buenos sistemas de medición. Ejemplo de ello, detalló, “son los datos que presentó la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Genaro García Luna, sobre el mercado de drogas ilegales”, ya que al realizar un análisis “encontramos que si las cifras fueran ciertas un cigarro de mariguana en México de 0.5 gramos se estaría vendiendo al menudeo en 90 pesos, lo que significa que una onza equivaldría a 4 mil 500 pesos”.
Al hablar sobre el Impacto Económico de la Política de Drogas en México, el director de Iniciativa para el Control del Tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón, Erick Antonio Ochoa, advirtió que no se puede pensar en la regulación del mercado de drogas ilegales cuando el Estado mexicano no ha podido controlar de manera efectiva la venta de drogas lícitas como el alcohol y el cigarro.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco provoca la muerte de 6 millones de personas en todo el mundo por año (el 10 por ciento de estos decesos son fumadores pasivos), 3.3 millones de fallecimientos son por causas relacionadas al consumo de alcohol, y sólo 183 mil personas mueren por el consumo de drogas ilícitas.
Al señalar las ventajas de la legalización de las drogas, Rubén Aguilar Valenzuela dijo que el valor de este mercado ilícito asciende a 322 mil millones de dólares (tan sólo la marihuana genera al narcotráfico 140 mil millones de dólares) en todo el mundo. Aseguró que 76 por ciento de esos recursos se quedan en los países consumidores, mientras que el 24 por ciento en los países productores.
Por lo anterior, consideró que de regularizarse la venta de drogas, se reducirían de forma considerable los ingresos económicos del narcotráfico, además de que el gobierno obtendría recursos fiscales; disminuirían de forma brutal la violencia, los índices de homicidios y la venta de armamento. “Se aumentaría la inversión en proyectos sociales, como los educativos y de salud”, concluyó.
“Cuando el discurso de las drogas se construye sobre arquetipos de virtud y vicio, es profundamente intolerante y antidemocrático”, concluyó.
En la mesa “Regulación e impacto económico de las drogas en México”, el académico e investigador Alejandro Madrazo Lajous resaltó que implementar una política de drogas en México implicó costos constitucionales, ya que se socavaron principios, derechos y valores que consagra nuestra Carta Magna.
Comentó que durante la llamada “Guerra contra las drogas en México” se identificaron algunos tipos de costos constitucionales: la restricción de derechos, al adoptar un régimen de excepción; la adopción de nuevas funciones por parte de autoridades, es decir, se contraponen o confunden porque la policía toma otras atribuciones, por ejemplo, en la actualidad tienen la facultad de investigar cuando era un papel que desempeñaba el Ministerio Público.
El resultado de estas confusiones, dijo, es el número de sentencias por delincuencia organizada, ya que en el 2010 se pasó de 42 arraigos a mil 679, esto si consideramos que el arraigo se utilizaría para combatir mejor a la delincuencia organizada. Por otro lado, continuó, el número de delincuentes organizados no varió, pues se elevó sólo de 137 a 148; de los que están sentenciados actualmente en las cárceles federales, el 27 por ciento fueron arraigados, pero sólo 14 fueron condenados por delincuencia organizada.
En cuando al índice de letalidad, destacó, el cual mide la relación de muertos frente a heridos, “la Policía Federal mata a 2.6 personas por cada una que hiere; el Ejército a 9.1 y la Marina a 17.3, según datos oficiales”. Por ello, se requiere investigar “cuáles son las políticas de enfrentamiento de los cuerpos de seguridad en México, pues de lo contrario no tenemos la menor autoridad para exigirle a los delincuentes que cumplan con el estado de derecho porque lo que estamos haciendo es simplemente eliminarlos”.
Por su parte, el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., Alejandro Hope, señaló que es indispensable medir el mercado de drogas si se quiere regular, saber de qué tamaño es y qué es lo que se está combatiendo, por lo que propuso generar una Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) al año; establecer un sistema de monitoreo para la población penitenciaria; crear un mecanismo de precios de mercados ilegales; facilitar el acceso al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y transparentar la información.
Resaltó que México no cuenta con buenos sistemas de medición. Ejemplo de ello, detalló, “son los datos que presentó la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Genaro García Luna, sobre el mercado de drogas ilegales”, ya que al realizar un análisis “encontramos que si las cifras fueran ciertas un cigarro de mariguana en México de 0.5 gramos se estaría vendiendo al menudeo en 90 pesos, lo que significa que una onza equivaldría a 4 mil 500 pesos”.
Al hablar sobre el Impacto Económico de la Política de Drogas en México, el director de Iniciativa para el Control del Tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón, Erick Antonio Ochoa, advirtió que no se puede pensar en la regulación del mercado de drogas ilegales cuando el Estado mexicano no ha podido controlar de manera efectiva la venta de drogas lícitas como el alcohol y el cigarro.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco provoca la muerte de 6 millones de personas en todo el mundo por año (el 10 por ciento de estos decesos son fumadores pasivos), 3.3 millones de fallecimientos son por causas relacionadas al consumo de alcohol, y sólo 183 mil personas mueren por el consumo de drogas ilícitas.
Al señalar las ventajas de la legalización de las drogas, Rubén Aguilar Valenzuela dijo que el valor de este mercado ilícito asciende a 322 mil millones de dólares (tan sólo la marihuana genera al narcotráfico 140 mil millones de dólares) en todo el mundo. Aseguró que 76 por ciento de esos recursos se quedan en los países consumidores, mientras que el 24 por ciento en los países productores.
Por lo anterior, consideró que de regularizarse la venta de drogas, se reducirían de forma considerable los ingresos económicos del narcotráfico, además de que el gobierno obtendría recursos fiscales; disminuirían de forma brutal la violencia, los índices de homicidios y la venta de armamento. “Se aumentaría la inversión en proyectos sociales, como los educativos y de salud”, concluyó.
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