Por Aram Barra
Durante mi tercer día en la #ReformConf observé necesidades de nuevas colaboraciones intersectoriales y multisectoriales. Me pareció particularmente interesante cómo esto empuja hacia nuevas formas de racionalizar la importancia de debatir políticas alternativas para responder al fenómeno de las drogas.
Por ejemplo, el movimiento global en respuesta al VIH y el SIDA puede ayudar a generar nuevos argumentos concretos. Distintas legislaciones alrededor del mundo criminalizan comportamientos u actividades que tienen una correlación directa con la prevalencia del virus:
Durante mi tercer día en la #ReformConf observé necesidades de nuevas colaboraciones intersectoriales y multisectoriales. Me pareció particularmente interesante cómo esto empuja hacia nuevas formas de racionalizar la importancia de debatir políticas alternativas para responder al fenómeno de las drogas.
Por ejemplo, el movimiento global en respuesta al VIH y el SIDA puede ayudar a generar nuevos argumentos concretos. Distintas legislaciones alrededor del mundo criminalizan comportamientos u actividades que tienen una correlación directa con la prevalencia del virus:
- Las respuestas a la transmisión en África Subsahariana son principalmente por relaciones sexuales heterosexuales y la respuesta ha ayudado a evidenciar los roles de poder derivados del género en la región, así como el papel subordinado de las mujeres.
- La mitad de todas las nuevas infecciones ocurren entre personas menores de 25 años de edad, y la respuesta a esta realidad ha evidenciado la falta de estadística entre este grupo poblacional, así como la falta de servicios accesibles y amigables de salud.
- Cuando escuchamos de la realidad Rusa y la negación de aplicación de medidas de reducción de daños y criminalización de usuarios de drogas inyectables, vemos cómo la prevalencia del virus de dispara de manera alarmante.
- En los países en los que los medicamentos son poco accesibles por los precios, la respuesta al VIH puede ayudar a definir el ambiente en el que discutir acceso a medicamentos genéricos.
En todos estos contextos, el VIH puede funcionar como una nueva forma de racionalizar el santo grial del movimiento reformista, la decriminalización de las drogas y de las personas que las usan. Este argumento, naturalmente, también cuestiona nuestro entendimiento de de/criminalizar. Hay que saber que existe criminalización en las leyes y en los libros que las contienen y hay criminalización aplicada, que no está escrita pero es social.
En este sentido, existe amplia literatura sobre VIH que demuestra tres formas principales de criminalización que tienen profundos impactos negativos en independientemente de lo que digan las leyes:
Los movimientos del trabajo sexual y la política de drogas
Diversas instituciones de dedicaron a documentar los impactos de la decriminalización del trabajo sexual hace algunos años en Nueva Zelanda. Los resultados fueron sorprendentes. Se demostró que las y los trabajadores sexuales mejoraron las condiciones de seguridad en las que realizan su negocio, así como un incremento en su acceso a servicios de salud. Los grupos de trabajadores sexuales se volvieron comunidades más chicas, inhibiendo grandes cárteles y reduciendo el número de ‘padrotes’.
Como era de esperar, grupos conservadores y otras voces religiosas, moralistas y algunos grupos feministas discutieron públicamente y muy ferozmente su oposición a la decriminalización. Esto genero un trauma social entre las y los trabajadores sexuales de tal grado que la discriminación y estigma hacia la comunidad fue contundente, explicó Katrina Pacey de Pivot Legal Society.
Un camino unido hacia la decriminalización
No es para nadie una sorpresa que los mundos de las drogas y el trabajo sexual son dos universos que en la prácticas están muy bien asociados. En este sentido, el reto de plantear asociaciones estratégicas entre grupos de activistas de ambos universos es cada vez más necesario. Estas alianzas tienen que ser inteligentes y efectivas y presenta un reto para el movimiento de reducción de daños pues le obliga a repensar lo que abarca y cómo se le aplica.
El análisis de estadística, de acceso a la salud, de los impactos desagregados por grupos etarios y sexo, según Andrea Ritchie de Streetwise and Safe, debe ser un primer paso. Nuestra respuesta al VIH debe incorporar urgentemente intervenciones en todos los niveles para detener la criminalización asociada a la pandemia.
El día de hoy tenemos suficiente literatura, estadística y modelaje que nos demuestra que el tratamiento con antiretrovirales de manera preventiva nos puede ayudar a desaparecer el virus del VIH de la faz de la tierra. Sin embargo, jamás podremos capitalizar en esta oportunidad si no reformamos la política de drogas o el trabajo sexual. En palabras de Jonathan Cohen de Open Society, la relación que mantienen el VIH y la ley es un tema clave que nos puede ayudar a cambiar de manera agresiva y progresista la forma en la que el mundo responde a quienes usan drogas.
En este sentido, existe amplia literatura sobre VIH que demuestra tres formas principales de criminalización que tienen profundos impactos negativos en independientemente de lo que digan las leyes:
- Comportamiento y conductas desviantes por parte de la policía a través de las cuales se violan derechos humanos y se transgreden derechos políticos y civiles.
- Encarcelamiento. Independientemente de lo que diga la ley, en muchos países las personas que usan drogas pueden ser detenidas por largos periodos y sin derecho a juicios justos y públicos.
- Criminalización social. Una vez más, independientemente de la legislación o de las conductas policiales, muchos grupos vulnerables de la sociedad son tratador como criminales y muchas veces también por las mismas instituciones que les deberían ayudar a sobrevenir situaciones críticas como hospitales o centros de salud.
Los movimientos del trabajo sexual y la política de drogas
Diversas instituciones de dedicaron a documentar los impactos de la decriminalización del trabajo sexual hace algunos años en Nueva Zelanda. Los resultados fueron sorprendentes. Se demostró que las y los trabajadores sexuales mejoraron las condiciones de seguridad en las que realizan su negocio, así como un incremento en su acceso a servicios de salud. Los grupos de trabajadores sexuales se volvieron comunidades más chicas, inhibiendo grandes cárteles y reduciendo el número de ‘padrotes’.
Como era de esperar, grupos conservadores y otras voces religiosas, moralistas y algunos grupos feministas discutieron públicamente y muy ferozmente su oposición a la decriminalización. Esto genero un trauma social entre las y los trabajadores sexuales de tal grado que la discriminación y estigma hacia la comunidad fue contundente, explicó Katrina Pacey de Pivot Legal Society.
Un camino unido hacia la decriminalización
No es para nadie una sorpresa que los mundos de las drogas y el trabajo sexual son dos universos que en la prácticas están muy bien asociados. En este sentido, el reto de plantear asociaciones estratégicas entre grupos de activistas de ambos universos es cada vez más necesario. Estas alianzas tienen que ser inteligentes y efectivas y presenta un reto para el movimiento de reducción de daños pues le obliga a repensar lo que abarca y cómo se le aplica.
El análisis de estadística, de acceso a la salud, de los impactos desagregados por grupos etarios y sexo, según Andrea Ritchie de Streetwise and Safe, debe ser un primer paso. Nuestra respuesta al VIH debe incorporar urgentemente intervenciones en todos los niveles para detener la criminalización asociada a la pandemia.
El día de hoy tenemos suficiente literatura, estadística y modelaje que nos demuestra que el tratamiento con antiretrovirales de manera preventiva nos puede ayudar a desaparecer el virus del VIH de la faz de la tierra. Sin embargo, jamás podremos capitalizar en esta oportunidad si no reformamos la política de drogas o el trabajo sexual. En palabras de Jonathan Cohen de Open Society, la relación que mantienen el VIH y la ley es un tema clave que nos puede ayudar a cambiar de manera agresiva y progresista la forma en la que el mundo responde a quienes usan drogas.
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