En su participación oficial en el Segmento de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de 2014, México hizo un pronunciamiento relevante a la reforma de la política de drogas a nivel nacional e internacional. A través de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, México declaró que el Gobierno Federal está convencido que este evento nos guiará para contrarrestar el problema mundial de las drogas y de velar por la riqueza y el bienestar de la sociedad. México se ha comprometido a la aplicación equilibrada de la oferta, reducción de la demanda, la cooperación interna, siguiendo el principio de la responsabilidad compartida. Pero hay que reconocer que estos esfuerzos no son suficientes para resolver un problema global. Las estrategias para reducir la demanda y la oferta, planteadas en la Declaración Política de 2009 no puede tener efectos más perjudiciales que los causados por el uso y la oferta, aseveró la funcionaria.
Debemos reconocer la necesidad de enriquecer los pilares existentes para prevenir y reducir los efectos negativos. Nuestros costos en el tejido social, la salud pública, el estado de derecho y la validez de las instituciones son nefastos. La acción unilateral no favorece la práctica de la responsabilidad compartida. Recientemente la atención se ha centrado en los países que han modificado sus leyes de marihuana, uno de los elementos principales en el debate internacional. Sin embargo, es importante recordar que sólo la acción coordinada dará lugar a respuestas globales. Debemos buscar acciones conjuntas pensando en la perspectiva a largo plazo que pone el bienestar de las personas en el centro.
México quiere promover un debate crítico y respetuoso hacia el año 2016. Buscamos nuevos enfoques y perspectivas, que deben ser evaluados objetivamente de acuerdo a la realidad de cada estado miembro. El proceso de preparación de la reunión de 2016 se iniciará este año, y se debe incluir actores como la ONUDD, la Comisión de Estupefacientes y otras organizaciones de la ONU. Las buenas prácticas, lecciones y procesos regionales deben ser tomados en cuenta, incluyendo el informe regional de la OEA, así como el programa del PNUD sobre la trata. La academia y OSC también deben ser incluidos en el proceso.
Debemos combinar las convenciones existentes y enriquecer la declaración de 2009, donde es necesario incluir el concepto de reducción de riesgos y daños. Debemos favorecer el tratamiento por encima de la penalización, y fortalecer las políticas para centrarse en la salud y los derechos humanos por consumo de drogas. Nos oponemos a la pena de muerte para delitos de drogas. Quiero hacer hincapié en que el Presidente Peña Nieto cree que es necesario fortalecer la prevención y el tratamiento, la convivencia pública, la paz y la seguridad. Esto no impide la aplicación de ley, pero debe incluir programas sociales. La prevención del delito y la policía dependen de un desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por ello, vamos a adoptar medidas más específicas a nivel nacional, regional y mundial. Finalmente, México aprovechará la oportunidad ofrecida por la ONU para promover el debate en torno a las políticas de drogas.
Debemos reconocer la necesidad de enriquecer los pilares existentes para prevenir y reducir los efectos negativos. Nuestros costos en el tejido social, la salud pública, el estado de derecho y la validez de las instituciones son nefastos. La acción unilateral no favorece la práctica de la responsabilidad compartida. Recientemente la atención se ha centrado en los países que han modificado sus leyes de marihuana, uno de los elementos principales en el debate internacional. Sin embargo, es importante recordar que sólo la acción coordinada dará lugar a respuestas globales. Debemos buscar acciones conjuntas pensando en la perspectiva a largo plazo que pone el bienestar de las personas en el centro.
México quiere promover un debate crítico y respetuoso hacia el año 2016. Buscamos nuevos enfoques y perspectivas, que deben ser evaluados objetivamente de acuerdo a la realidad de cada estado miembro. El proceso de preparación de la reunión de 2016 se iniciará este año, y se debe incluir actores como la ONUDD, la Comisión de Estupefacientes y otras organizaciones de la ONU. Las buenas prácticas, lecciones y procesos regionales deben ser tomados en cuenta, incluyendo el informe regional de la OEA, así como el programa del PNUD sobre la trata. La academia y OSC también deben ser incluidos en el proceso.
Debemos combinar las convenciones existentes y enriquecer la declaración de 2009, donde es necesario incluir el concepto de reducción de riesgos y daños. Debemos favorecer el tratamiento por encima de la penalización, y fortalecer las políticas para centrarse en la salud y los derechos humanos por consumo de drogas. Nos oponemos a la pena de muerte para delitos de drogas. Quiero hacer hincapié en que el Presidente Peña Nieto cree que es necesario fortalecer la prevención y el tratamiento, la convivencia pública, la paz y la seguridad. Esto no impide la aplicación de ley, pero debe incluir programas sociales. La prevención del delito y la policía dependen de un desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por ello, vamos a adoptar medidas más específicas a nivel nacional, regional y mundial. Finalmente, México aprovechará la oportunidad ofrecida por la ONU para promover el debate en torno a las políticas de drogas.
| 04_mexico_s_130314_pm.pdf |
| Mexico's Declaration at High Level Segment 2014 |
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