Recomendaciones de OSC al reporte de la OEA sobre #PoliticaDrogas

Como anunciamos en este blog, la semana pasada se llevó a cabo el 10 Foro Hemisférico: Por una política integral de lucha contra las drogas en las Américas en el que nuestra colega Lisa Sánchez participó bajo el paraguas conjunto de México Unido Contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation. Su participación tuvo como objetivo presentar propuestas a los desafíos a la salud pública y el desarrollo de una política integral contra las drogas en las Américas.

En ese sentido, nos emociona comunicar que el foro recuperó diversos puntos clave en sus recomendaciones finales para el proceso de reporte y seguimiento al reporte de la OEA sobre alternativas en las políticas de drogas. Algunas de las más relevantes fueron:

• Es necesario separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad. Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y los sistemas de justicia. 
• Formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de prevención, atención, tratamiento y programas de reducción de los riesgos y daños. Es necesario involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas, entre otros.
• Se debe incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema y vulnerabilidades cruzadas. Debe ponerse especial atención en los dispositivos de proximidad, de intervención comunitaria, como las estrategias de reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas. Siempre teniendo en cuenta las diversos contextos y realidades locales. 
• Se deben priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación. Al mismo tiempo es fundamental asegurar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos.
• Se debe respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. El consentimiento informado debe comunicar claramente las alternativas y condiciones de los tratamientos. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas. 
• En el caso de las niñas y niños deberá prestarse especial atención para que las políticas públicas sanitarias y de infancia garanticen su atención en base al respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también para adolescentes velando por su bienestar, protección y su crecimiento como personas independientes. 
• Se deben enmarcar las intervenciones de salud pública en un continuum que distingue los tipos de uso, desde el recreativo hasta la adicción y por lo tanto abarque un abanico completo de servicios e intervenciones que van desde la prevención hasta la reducción del daño y el tratamiento.
• Se deben distinguir entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a la política de drogas. Es preciso recordar que si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalización y los enfoques punitivos de control los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el mal uso de las sustancias. 

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