El pasado 31 de julio, la Fundación Friedrich Ebert en México y la Fundación para la Democracia llevaron a cabo la mesa de trabajo titulada “Retos para la Construcción de una Nueva Agenda Progresista” cuyo objetivo fue debatir en torno a los derechos sociales y la institucionalidad democrática en México.
Como ponentes participaron el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, a cargo de la inauguración del evento, Pablo Yanes, de la CEPAL, Rosario Ortiz, experta en seguridad laboral, Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Alicia Ziccardi del PUEC, UNAM. Asimismo, asistieron integrantes de organizaciones civiles, estudiantes, militantes de partidos políticos, académicos/as, entre otros.
La primera intervención estuvo a cargo de Pablo Yanes quien abordó el tema de la política social y económica, y su relación con los derechos sociales en México. Mencionó que los derechos económicos han sido reducidos a aspectos vinculados con el empleo, obviando su relación con los derechos sociales. Destacó que la actual estructura económica genera profunda desigualdades por lo que la nueva agenda progresista debe poner el enfoque de derechos al centro para garantizar que la vinculación de la política social y económica avance hacia una ampliación del bienestar y la emancipación ciudadana. En esta tarea, la igualdad sustantiva se convierte en principio rector . Por ello, el reto de la agenda post-2015 ya no es sólo combatir la pobreza sino erradicar las desigualdades, y fomentar una nueva dinámica de relaciones entre el Estado y la Sociedad.
Pablo además señaló que para el caso de México, la institucionalidad de la política social debe alinearse con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y atender las brechas de implementación de las normas y las políticas públicas. Finalmente, subrayó la necesidad de fomentar la planeación estratégica para responder verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía y consolidar el diálogo entre esta etapa y la fase de evaluación de las políticas donde el presupuesto se ponga la servicio de dicho plan y no a la inversa.
Por su parte, Rosario Ortiz hizo evidente su preocupación por los retrocesos que se observan en las políticas laborales, los cuales se reflejan en la representación cada vez menos transparente de las y los trabajadores, el desempleo y alto índice de empleo informal, la desactivación de la figura obrero patronal, así como la falta de integración entre la política social y laboral. Además, recalcó los pilares del empleo digno que la nueva agenda progresista debe incorporar. Estos son: seguridad social, no discriminación, diálogo social, libertad de asociación y concentración colectiva.
Como ponentes participaron el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, a cargo de la inauguración del evento, Pablo Yanes, de la CEPAL, Rosario Ortiz, experta en seguridad laboral, Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Alicia Ziccardi del PUEC, UNAM. Asimismo, asistieron integrantes de organizaciones civiles, estudiantes, militantes de partidos políticos, académicos/as, entre otros.
La primera intervención estuvo a cargo de Pablo Yanes quien abordó el tema de la política social y económica, y su relación con los derechos sociales en México. Mencionó que los derechos económicos han sido reducidos a aspectos vinculados con el empleo, obviando su relación con los derechos sociales. Destacó que la actual estructura económica genera profunda desigualdades por lo que la nueva agenda progresista debe poner el enfoque de derechos al centro para garantizar que la vinculación de la política social y económica avance hacia una ampliación del bienestar y la emancipación ciudadana. En esta tarea, la igualdad sustantiva se convierte en principio rector . Por ello, el reto de la agenda post-2015 ya no es sólo combatir la pobreza sino erradicar las desigualdades, y fomentar una nueva dinámica de relaciones entre el Estado y la Sociedad.
Pablo además señaló que para el caso de México, la institucionalidad de la política social debe alinearse con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y atender las brechas de implementación de las normas y las políticas públicas. Finalmente, subrayó la necesidad de fomentar la planeación estratégica para responder verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía y consolidar el diálogo entre esta etapa y la fase de evaluación de las políticas donde el presupuesto se ponga la servicio de dicho plan y no a la inversa.
Por su parte, Rosario Ortiz hizo evidente su preocupación por los retrocesos que se observan en las políticas laborales, los cuales se reflejan en la representación cada vez menos transparente de las y los trabajadores, el desempleo y alto índice de empleo informal, la desactivación de la figura obrero patronal, así como la falta de integración entre la política social y laboral. Además, recalcó los pilares del empleo digno que la nueva agenda progresista debe incorporar. Estos son: seguridad social, no discriminación, diálogo social, libertad de asociación y concentración colectiva.
Finalmente, Miguel Concha y Alicia Zicardi abordaron el tema de los derechos sociales y las capacidades del Estado. Concha dio una breve introducción de lo que significan los derechos humanos en el contexto mexicano, y particularmente los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), mientras que Ziccardi se enfocó en los avances y retos que la Ciudad de México enfrenta en esta materia. En el último caso, se mencionó que la capital del país enfrenta fuertes contradicciones pues a la vez que ha aumentado el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se ha elevado el nivel de pobreza y de las desigualdades sociales. Por lo tanto, se proponen como componentes de la política social en el Distrito Federal: la transición hacia estrategias más complejas, políticas de inclusión social, la construcción de nuevas institucionalidades y programas de mejoramiento de barrios, entre otros.
Entre los obstáculos que deben enfrentarse se identifican las prácticas clientelares y corporativisatas, las leyes que no han sido reglamentadas, la centralización y poca relación con las delegaciones, así como la falta de capacitación de gobernantes y funcionarios/as públicos. Es así que entre las tareas pendientes se ubican: la democratización de la gestión y la descentralización hacia los gobiernos delegacionales, una política fiscal transparente, una política laboral con derechos, y mayor participación ciudadana para definir los criterios de la intervención pública.
Espolea es una organización que comparte la visión progresista de la política pública y que realiza su trabajo desde un marco de derechos humanos. Nuestra participación en diálogos como éste contribuyen a incrementar nuestras herramientas de análisis, abogacía y acción para incidir efectivamente en las políticas públicas en distintos ámbitos. Asimismo, se convierte en una oportunidad de afianzar nuevas relaciones y fortalecer las existentes para avanzar en los objetivos que como organización nos hemos planteado.
Entre los obstáculos que deben enfrentarse se identifican las prácticas clientelares y corporativisatas, las leyes que no han sido reglamentadas, la centralización y poca relación con las delegaciones, así como la falta de capacitación de gobernantes y funcionarios/as públicos. Es así que entre las tareas pendientes se ubican: la democratización de la gestión y la descentralización hacia los gobiernos delegacionales, una política fiscal transparente, una política laboral con derechos, y mayor participación ciudadana para definir los criterios de la intervención pública.
Espolea es una organización que comparte la visión progresista de la política pública y que realiza su trabajo desde un marco de derechos humanos. Nuestra participación en diálogos como éste contribuyen a incrementar nuestras herramientas de análisis, abogacía y acción para incidir efectivamente en las políticas públicas en distintos ámbitos. Asimismo, se convierte en una oportunidad de afianzar nuevas relaciones y fortalecer las existentes para avanzar en los objetivos que como organización nos hemos planteado.
RSS Feed