
Una declaración política como contribución a la sesión de Junio 26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Introducción: El documento de síntesis preparado por la Secretaría para la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas y desarrollo enfatiza la importancia del crimen relacionado con las drogas y la corrupción como impedimentos para el desarrollo y la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es sin duda cierto que la delincuencia y la corrupción obstaculizan las perspectivas de desarrollo, y damos la bienvenida a la discusión de estos problemas como cuestiones de desarrollo. Sin embargo, centrarse en la delincuencia y la corrupción, sin incluir la atención a la pobreza como una causa importante de gran parte del consumo, la producción y la comercialización de drogas del mundo, es engañoso y puede conducir a la participación de actores políticos equivocados persiguiendo los fines erróneos.
La conexión con la pobreza: He aquí algunas formas en las que la pobreza o el pobre desarrollo socio-económico puede contribuir al consumo, producción y comercialización de drogas:
Producción de cultivos relacionados con las drogas: De los Andes a Afganistán y de Marruecos a Myanmar, el cultivo de drogas ilícitas es la única opción económicamente viable para muchos pequeños agricultores. El transporte y la infraestructura de comercialización puede ser más desarrollada para estos cultivos que para algunos cultivos legales. Los agricultores que se encuentran aislados o en zonas afectadas por conflictos pueden tener pocas oportunidades para asegurar otros medios de vida para sus familias distintos a los cultivos como la coca y la amapola del opio, que se utilizan para producir drogas ilícitas. Muchos países y donantes se han comprometido a crear oportunidades alternativas de subsistencia para las familias campesinas que dependen de estos cultivos, pero son pocos los esfuerzos de este tipo que han tenido éxito de manera sostenida. Algunos Estados miembro, a menudo con la asistencia de países donantes, se han comprometido con la erradicación forzosa de cultivos, en particular de coca en los Andes. Como ha señalado la ONUDD, la erradicación forzada a menudo es causa del desplazamiento de familias campesinas de bajos ingresos y exacerba el hambre y la pobreza.[2] La erradicación forzada impacta a los eslabones más débiles de la cadena de producción -los pequeños productores- y les atrapa en la pobreza.
Falta de oportunidades económicas: La falta del acceso a la educación y la ausencia de oportunidades laborales, particularmente para la gente joven, han mostrado en muchos países ser una receta para prósperos mercados de drogas. Esto no es solo un asunto de gente joven que recurre al consumo de drogas cuando escasean otras opciones. Una masa crítica de gente desempleada ayuda a crear las condiciones para mercados de drogas que dependen de gente pobre como mensajeros o “mulas”. Mujeres y niñas a menudo son arrastradas en operaciones de narcotráfico como mensajeras porque la discriminación limita sus oportunidades de educación y empleo. En el peor de los casos, como los mercados de drogas y la delincuencia organizada crecen en la ausencia de otras oportunidades económicas, un círculo vicioso se crea mientras el crimen organizado y la represión policial crecen en espiral con violencia que afecta a toda la comunidad y desalienta la inversión en la actividad económica legal.
Þ El éxito en alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 de reducir el hambre y la pobreza a la mitad es necesario y consistente con controlar los mercados ilícitos de drogas.
Þ El éxito en alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 de reducir las barreras para la educación y el empleo que enfrentan las mujeres y las niñas contribuiría al control de las drogas.
La conexión con la salud y los derechos humanos: La reducción del crimen es importante, pero la persecución de los crímenes relacionados con las drogas en muchas partes del mundo ha demostrado dar lugar a abusos graves de los derechos humanos, incluyendo (pero no limitados a) los derechos de las personas que consumen drogas. La policía puede tener que llenar cuotas de arrestos, y las personas que usan drogas son un blanco fácil. Las personas que usan drogas también son altamente vulnerables a los abusos de sus derechos cuando se encuentran en custodia del Estado, incluyendo el uso de los dolorosos síntomas de supresión de las drogas para obligarles a confesar durante los interrogatorios. Diversos investigadores también han documentado numerosas formas en que las políticas severas pueden socavar el acceso a los servicios de prevención y atención a las personas que usan drogas. La policía puede dirigirse a los puntos de intercambio de agujas y las clínicas que atienden a las personas que usan drogas, los centros de salud pueden ser obligados a dar un registro a la policía de las personas que buscan tratamiento por dependencia de drogas, y los servicios de salud pueden excluir a las personas en función de su consumo de drogas. En algunos casos, los tratamientos para la dependencia de drogas basados en evidencia son completamente prohibidos o los servicios de reducción de daños están severamente restringidos o socavados en nombre de la lucha contra los delitos relacionados con drogas.
En los países con leyes severas sobre drogas, un alto porcentaje de personas que usan drogas pueden estar en prisión o detención preventiva en algún momento de sus vidas, y estas instalaciones a menudo presentan un alto riesgo de transmisión de VIH y poco acceso a la prevención del VIH o a los servicios de tratamiento, y mucho menos acceso a una atención sanitaria adecuada en general. Se trata de, por supuesto, personas que viven en la pobreza y es más probable que no pudieran sobornar a la policía, pagar un abogado ni permitirse el lujo de pagar la fianza, y por lo tanto más propensos a sufrir condiciones abusivas en custodia del estado.
Þ La prevención del delito es un objetivo importante. Sin embargo, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 6 en el control del VIH / SIDA, es necesario garantizar que las prácticas de la ley de control de drogas no contribuyan a violencia sin sentido y que respeten los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las personas que usan drogas y aquellas que viven en la pobreza, y que no bloqueen o interrumpan su acceso a la prevención del VIH y otros servicios de reducción de daños que los estados miembros de la ONU han apoyado como elemento central de una respuesta eficaz al VIH.
Conclusión:
En resumen, resolver la conexión entre las drogas y el desarrollo no es una simple cuestión de reducción de la delincuencia y la corrupción. Centrarse únicamente en la vigilancia y la detención como respuestas a las drogas es prescribir más de la misma respuesta que ha predominado hasta la fecha y que ha fallado.
Más represión policial y más detenciones y encarcelamientos no van a promover el desarrollo económico. Como la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló recientemente, la cooperación al desarrollo y todos los programas de desarrollo deben contribuir a la capacidad de los Estados para llevar a cabo actividades de fiscalización de drogas de una manera centrada en los derechos humanos, y la aplicación de la ley no debe interferir con el derecho de las personas a la salud y a ganarse la vida.[3]
Para tener éxito tanto en el control de las drogas y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los países deben proporcionar oportunidades diferentes a aquellas personas que tienen más probabilidades de encontrar los mercados de drogas como sus medios más viables de supervivencia, y deben asegurar que la reducción de la delincuencia relacionada con las drogas no viole los derechos humanos o socave los servicios de VIH. Esto requiere la participación no sólo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sino de varios cuerpos del sistema, incluidas las Naciones Unidas, PNUD, ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para abordar realmente la amenaza de las drogas, los gobiernos nacionales también deben comprometerse con el desarrollo comunitario y la reducción de la pobreza.
En anteriores declaraciones de la Asamblea General, los Estados miembros se comprometieron a abordar el VIH y las drogas ilícitas en formas que sean respetuosas de los derechos humanos. El actual período de sesiones es una oportunidad para que los Estados miembro rechacen los enfoques represivos que no distinguen los delitos menores relacionados con el uso de drogas del tráfico a gran escala y que le permiten a la policía abusar de los derechos humanos de las personas en situación de pobreza. Esos enfoques no pueden ser buenos para el desarrollo. Los Estados miembro deben reafirmar que una buena política de desarrollo debe respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas que usan drogas, incluido su derecho a servicios integrales de salud, así como los derechos de las personas que producen los cultivos relacionados con las drogas, así como su derecho a ganarse la vida.
Declaración suscrita por:
Canadian HIV/AIDS Legal Network (Canada)
Global Drug Policy Program, Open Society Foundation
Harm Reduction International (UK)
International Drug Policy Consortium (UK)
International Harm Reduction Development Program, Open Society Foundation Release (UK)
Transform Drug Policy Foundation (UK)
Transnational Institute (Netherlands)
Washington Office on Latin America (USA)
Traducido por Brun González de Espolea, México.
[1] Esta declaración se basa fuertemente en “Dependiente del desarrollo: la interrelación entre drogas ilícitas y desarrollo socioeconómico” (2010), del Instituto Nossal para la Salud Global, disponible en http://www.soros.org/reports/dependent-development
[2] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Desarrollo alternativo: una evaluación global temática”. Vienna, 2005. [http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Development_Evaluation_Dec-05.pdf]
[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La ONUDD y la promoción y protección de los derechos humanos. Viena, 2012.. [http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_HR_position_paper.pdf]