Somos conscientes que las instituciones democráticas de América Latina sufren inmensas presiones de los intereses relacionados con el crimen organizado en torno a las drogas; que las mafias se están fortaleciendo en la región extendiendo sus intereses a otras actividades ilegales rentables; y que la así llamada “guerra contra las drogas” tiene en la región muchas de las más graves “consecuencias no intencionales” del sistema de control internacional de sustancias referidas por la propia Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
- Se reestructuren las prioridades y metas de todas las políticas hacia las drogas, incluidas las de seguridad y justicia, para que serespeten los derechos humanos y sean sujetas a evaluaciones objetivas, imparciales y periódicas en las que participe la sociedad civil.
- Se garanticen recursos suficientes a la salud, la prevención, la educación y el desarrollo social en relación a los presupuestos destinados a la seguridad, de acuerdo a criterios sujetos a la evidencia científica y a la reducción de riesgos y daños.
- Se ponga fin a la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas, especialmente a los más marginados, quienes son los que más necesitan un acceso efectivo a los servicios de salud. Pedimos, además, la participación e inclusión de tales usuarios en el debate público de todas las políticas que les conciernan.
- Se instrumenten políticas de desarrollo económico efectivas para aquellas zonas productoras de cultivos usados para la producción de drogas ilícitas, mediante una secuencia adecuada que haga posible la disminución de estos cultivos y se garantice la apertura de los mercados internacionales para los productos alternativos que tal estrategia supone, lo que implica, también, descriminalizar a los pequeños productores.
- Se reconozcan los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca.
- Se consideren alternativas regulatorias para la cannabis.
- Se observen, conforme a derecho, el principio de proporcionalidad de las penas cuando de delitos relacionados con drogas se trate; y se contemplen sanciones alternativas a la prisión para aquellos que, al infringir las leyes, no hayan cometido delitos violentos o graves.
Las organizaciones de América Latina y las que trabaja en la región, miembros del IDPC, son:
Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), Uruguay
Asociacion Civil Intercambios, Argentina
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), Colombia
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú
Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias A.C (CRECE), México
Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), México
Espolea, México
Psicotropicus, Brasil
Puente Investigación y Enlace (P.I.E.), Bolivia
Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS)
Red Andina de Información (AIN), Bolivia
Red Chilena de Reducción de Daños, Chile
Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (REDUC), Brasil
Transnational Institute (TNI), Holanda
Viva Rio, Brasil
Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos
El IDPC es una red mundial de ONG y redes profesionales, especializada en cuestiones de drogas fiscalizadas. Fomenta debates objetivos y abiertos sobre las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya políticas eficaces fundamentadas en evidencias científicas para reducir el daño relacionado con las drogas. Para más información, véase: www.idpc.net.